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El mandatario local expresó su preocupación por el ataque y se unió a los mensajes de solidaridad.
El alcalde Federico Gutiérrez en rueda de prensa este 4 de junio. Foto: Alcaldía de Medellín.
LÍDER EDITORIAL DE IAActualizado:
El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, reaccionó al atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un evento político en el occidente de Bogotá. A través de un breve mensaje en su cuenta oficial de X, Gutiérrez expresó su respaldo y se sumó a los llamados de solidaridad.
“¡Mis oraciones por @MiguelUribeT! Acaba de ser víctima de un atentado,” escribió el mandatario.
El ataque se produjo hacia las 5:00 p.m. en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Uribe se encontraba saludando a asistentes en una actividad de campaña cuando un hombre armado le disparó por la espalda. Fue trasladado a un hospital en Engativá, pero hasta el momento no se ha divulgado un parte médico oficial sobre su estado de salud.
El pronunciamiento del alcalde de Medellín se suma a los de otros líderes políticos nacionales que han expresado su rechazo al atentado y han pedido garantías para el ejercicio democrático en el país. Fico Gutiérrez, quien ha compartido escenarios políticos con Uribe, se limitó a expresar preocupación y apoyo espiritual frente a lo ocurrido.
Miguel Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático, ha manifestado su aspiración a la Presidencia para el periodo 2026-2030. Su carrera se ha centrado en temas de seguridad ciudadana, defensa institucional y oposición al Gobierno actual.
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El debate sobre el acceso al aborto es uno de los temas más álgidos y polémicos para la opinión pública en la actualidad. Colombia y Medellín no son ajenos a esta realidad.
En 2006 se establecieron las tres causales para el acceso al aborto legal en Colombia. Esas condiciones perduraron y en 2022 se despenalizó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación.
Las cifras de acceso al aborto y especialmente, de tutelas para acceder a una IVE en Colombia en ese periodo de 16 años le permitieron a dos investigadoras colombianas determinar, como pioneras, los efectos causales que tiene para una mujer y su familia ser objeto del rechazo de este tipo de acciones legales para interrumpir el embarazo.
Investigación pionera
La investigación titulada ‘El impacto de la negación de un aborto deseado en las mujeres y sus hijos’, realizada por las economistas Juliana Londoño-Vélez, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, y Estefanía Saravia, candidata a doctora de esa misma universidad, fue publicada el 6 de enero de 2025. En ella las investigadoras hallaron una serie de datos causales determinantes para el análisis de los efectos de estos rechazos.
Londoño y Saravia, motivadas por las afrentas hacia los derechos reproductivos de las mujeres en el país, tomaron a Medellín, una de las ciudades principales, como muestra de la investigación. Más específicamente, todas las tutelas presentadas por mujeres que buscaban acceder a una IVE en la capital de Antioquia entre 2006 y 2022.
Las tutelas presentadas en Medellín entre 2006 y 2022 fueron la muestra del estudio. Foto:Cortesía
La muestra total que estudiaron las economistas fueron 19.760 tutelas interpuestas por mujeres que en promedio tenían 28 años, con un quinto de ellas siendo adolescentes o menores. Adicionalmente, un quinto de toda la muestra ya tenía hijos al momento de presentar la tutela. Estos datos resultaron determinantes a la hora de presentar los hallazgos del estudio.
De las 19.760 tutelas presentadas por mujeres que buscaban acceder a un IVE en Medellín, aproximadamente la mitad fueron rechazadas por los jueces de primera instancia que recibieron los casos.
Al respecto de los resultados, EL TIEMPO entrevistó a Juliana Londoño Vélez, quien inició explicando que un fuerte predictor sobre las probabilidades de que las tutelas fueran rechazadas, en Medellín, fue el sexo del juez al que se le repartió el caso.
Según el estudio, los jueces rechazan un 62 por ciento de las tutelas para acceso a IVE, mientras que las juezas tienen una probabilidad 20 por ciento menor de rechazar los abortos. De hecho, los datos de la investigación indican que la probabilidad de que se niegue la tutela cuando el caso se le asigna a una jueza reduce en un 32 por ciento.
Juliana Londoño-Vélez, coautora de la investigación. Foto:Archivo particular
Este dato se hace más llamativo al destacar que este comportamiento en los rechazos de tutelas para acceder a una IVE en la que predominan las decisiones negativas por parte de jueces en comparación a las juezas, hace referencia a los datos de Medellín. La investigadora explicó que el comportamiento en otros municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá cambia; la brecha en Envigado, Bello e Itagüí son 30 puntos porcentuales.
El panorama es completamente diferente en Bogotá y Cali. En la capital la diferencia de rechazos entre jueces y juezas es baja, mientras que en Cali la diferencia es de 10 puntos porcentuales.
Londoño aclaró que es preciso extraer efectos causales de los datos recabados porque la repartición de tutelas a los jueces se hace de manera aleatoria. En ese sentido, la investigadora enfatizó que casi dos de cada tres tutelas que son evaluadas por un juez terminan rechazadas.
Efectos causales de los rechazos a tutelas
La economista explicó que con su colega ahondaron en detalles para entender qué hay detrás de estos resultados, aclarando de base que no se trató de diferencias por la experiencia de los jueces, por ejemplo.
“No somos las únicas investigadoras que hemos demostrado que hay actitudes diferentes en casos de género. Una forma de interpretar los resultados es que muestra una de las implicaciones que tiene una mayor representación femenina en el poder judicial. Cuando una mujer tiene poder judicial siendo jueza, está literalmente salvando la vida de mujeres y las condiciones económicas de su familia, incluidos los niños”, señaló la profesora de la Universidad de California en Los Ángeles.
Además, hay un subregistro todavía más llamativo al respecto. Las causales definidas establecen que es válido acceder a un IVE cuando el embarazo es producto de un crimen sexual; cuando hay una malformación en el feto que lo hace incompatible con la vida o cuando el embarazo representa un riesgo para la calidad de vida o la salud de la mujer, entendiendo que la definición de salud no es ausencia de enfermedad sino satisfacción del bienestar social entero a nivel físico, mental, social, y emocional. “Es una cláusula muy amplia, si el embarazo genera ansiedad o depresión es razón suficiente para acceder legalmente a aborto”, explica Londoño.
Cuando una mujer tiene poder judicial siendo jueza, está literalmente salvando la vida de mujeres y las condiciones económicas de su familia, incluidos los niños
JULIANA LONDOÑO-VÉLEZEconomista, profesora e investigadora.
En ese sentido, según lo reveló la investigación, las mujeres a las que se les niega el acceso a una IVE tienen un 62 por ciento más de probabilidad de sufrir enfermedades crónicas.
La cuestión es que, aún cuando en las tutelas presentadas las mujeres argumentaron que su vida o salud estaban en riesgo o que el feto presentaba malformaciones incompatibles con la vida, la cifra de rechazos por parte de jueces no varió. Por otro lado, hubo una variación cuando las mujeres argumentaron que fueron víctimas de crímenes sexuales.
En estos casos, que representan un cuatro por ciento de la totalidad de las tutelas (800) la brecha de género en cuanto a las decisiones de jueces y juezas aumentó en un 40 por ciento, el doble de lo registrado de base.
El comportamiento del rechazo de tutelas para IVE indica que es más probable que la rechace un juez. Foto:IStock.
“Es muchísimo más probable que un juez rechace una tutela para acceder a un aborto producto de una violación”, señaló Londoño Vélez.
Por otro lado, la investigadora entregó cuatro puntos clave que se derivaron del estudio, específicamente, las consecuencias directas en la vida de la mujer luego de que se le rechaza el acceso a un IVE.
Restringir la IVE induce más a dar a luz que al aborto ilegal
“Cuando se le niega un aborto deseado a una mujer, la probabilidad de que dé a luz en los siguientes nueve meses aumenta en 31 puntos porcentuales; muchas veces se cree que la restricción de abortos legales no cambia la tasa de abortos, sino que las manda a ilegalidad, pero no es cierto. Para muchas mujeres, cuando se les niega el aborto legal las induces a dar a luz”, indicó Juliana Londoño.
La cifra precisa que soporta lo explicado por la economista indica que a las mujeres que se les niega el acceso a un aborto legal tienen un 106 por ciento más de probabilidades de dar a luz.
La probabilidad de dar a luz tras el rechazo de una tutela para IVE es de 106 por ciento. Foto:iStock
En esa línea, la economista agregó: “Muchas mujeres sí toman los asuntos en sus propias manos y se someten a procedimientos para interrumpir los embarazos no deseados. Pueden ser muy inseguros, especialmente si estás más allá de la semana diez. En estos casos son quirúrgicos, inseguros e incluso letales. Cruzando con registros de defunción del país, la probabilidad de morir cuando se niega una tutela para acceder al aborto aumenta en 2.5 puntos porcentuales. Precisamente, un 161 por ciento.
Londoño explicó que según los registros, las mujeres mueren sin dar a luz, y las causas más comunes son la septicemia y las infecciones derivadas de estos procesos.
Para esta investigación, las economistas no se detuvieron en el registro de tutelas rechazadas y sus causas, sino que también estudiaron los efectos directamente relacionados.
La vida después del rechazo a la tutela de IVE
“Le seguimos la pista a las mujeres que sobreviven. En promedio, seis años después de la negación, la vida de la mujer cambió.Tiene menor probabilidad de casarse, mayor de divorciarse y mayor de ser madre soltera (212 por ciento). Es decir, esto no genera matrimonios sólidos, por el contrario, lleva a la descomposición del hogar y a la probabilidad de que la mujer sea madre soltera aumente; estas mujeres tienden a tener menor probabilidad de terminar sus estudios (43 por ciento menos), esto afecta su capital humano”, precisó la investigadora.
Londoño añadió que, al no poder terminar los estudios, también se dificulta la posibilidad de una mujer de acceder a la fuerza laboral, (la probabilidad disminuye en un 63 por ciento), lo que a su vez hace que se quede en casa haciendo oficios del hogar o reportando que no tiene actividad económica.
“El ingreso del hogar cae porque la mujer no devenga. Así la probabilidad de que el hogar sea pobre aumenta cuando se le niega el derecho al aborto”, explicó Londoño, quien también aseguró que, esta sucesión de efectos causales, hace que la mujer termine dependiendo del Estado con subsidios y como parte del régimen de salud.
Cuando niegas el derecho al aborto legal, no solo afecta la vida, la salud y el bienestar económico de la mujer, sino de su entorno familiar
juLIANA LONDOÑO-VÉLEZEconomista, profesora e investigadora.
Finalmente, las investigadoras hallaron que las únicas afectadas por el rechazo al acceso del IVE no son las mujeres, sino también los hijos preexistentes y sus familias. “Una de cada cinco mujeres que tutelaron ya era madre, le seguimos la pista a esos hijos mayores, vimos que también sufren pues crecen en hogares uniparentales, donde el ingreso cae, las probabilidades de vivir en pobreza (extrema o moderada) aumentan en un 47 por ciento, y estos niños por consecuencia del rechazo de la tutela tienen menor probabilidad de asistir a la escuela y mayor probabilidad de trabajar; con precisión, la probabilidad de desescolarización aumenta en un 34 por ciento.Quiere decir que cuando niegas el derecho al aborto legal, no solo afecta la vida, la salud y el bienestar económico de la mujer, sino de su entorno familiar”, sentenció la economista y profesora.
Juliana Londoño concluyó destacando los resultados obtenidos, en tanto son importantes en el marco de los cuestionamientos y retrocesos en los derechos reproductivos de las mujeres porque demuestran las implicaciones reales que tiene el rechazo del acceso al aborto legal en estas vidas.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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Hace poco más de un año, en junio de 2024, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó una propuesta ambiciosa para crear el Área Metropolitana de Urabá.
Con esta iniciativa, el mandatario regional y su administración buscaban promover un desarrollo planificado para esta región, priorizando la productividad y competitividad del Urabá antioqueño, lo cual, en teoría, fortalecería su autonomía territorial.
La propuesta de la Gobernación de Antioquia
La administración de Antioquia presentó la propuesta basada en el marco legal posibilitado por el artículo 319 de la Constitución Política de Colombia, en la que se estableció la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (1454 de 2011) y la Ley 1625 de 2013, con las que se determinaron las bases jurídicas necesarias para que las áreas metropolitana del país tengan un régimen político, administrativo y fiscal específico. A partir de esa base, se pretendía precisamente que en Urabá se pudiera coordinar el ordenamiento territorial, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de la región a partir de la focalización de los cuatro municipios considerados para el proyecto.
La subregión de Urabá recibió su nombre por el Golfo de Urabá. Foto:Gobernación de Antioquia.
El 4 de octubre de 2024, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, revisó el estado de la iniciativa, buscando identificar los avances y definir un cronograma para avanzar en el proceso para materializar el proyecto. En aquel entonces, el senador Guido Echeverry subrayó: “Es fundamental escuchar las voces de los habitantes de Urabá, porque ellos conocen mejor que nadie las problemáticas que enfrentan y las soluciones que pueden funcionar”.
Durante dicha sesión, estuvieron presentes alcaldes, concejales y diputados de los municipios de la subregión del Urabá, quienes manifestaron su respaldo a la iniciativa argumentando que la creación del área metropolitana será clave para abordar los desafíos que afectan a la región, como la creciente urbanización, la falta de infraestructura, y la necesidad de una mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Además, el senador Marcos Daniel Pineda, quien es el ponente del proyecto de ley para la creación del Área Metropolitana de Urabá, resaltó en esa sesión la importancia de dotar a las regiones de herramientas que fortalezcan su autonomía y capacidad de gestión.
“La creación del Área Metropolitana es un paso decisivo para la consolidación de Urabá como una región próspera, con instituciones fuertes y capacidad para enfrentar los desafíos de manera integral”, explicó el senador Conservador.
Concepto favorable de la COT
En ese marco, el pasado 4 de junio, la Comisión de Ordenamiento Territorial emitió concepto favorable para la creación del Área Metropolitana de Urabá. En la votación que tuvo lugar durante la sesión del pasado miércoles, los senadores respaldaron esta figura asociativa de rango constitucional.
Sin embargo, la iniciativa cuenta con opositores dentro de la comisión. El senador Harold Caicedo, del partido Alianza Verde, aseguró que con la creación del área metropolitana se pondría en riesgo la autonomía de la empresa de aseo de Chigorodó.
Debate de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado el pasado 4 de junio. Foto:Gobernación de Antioquia.
Acto seguido, el senador ‘verde’ argumentó que, Chigorodó, por su parte, debería adherirse a otro esquema asociativo como una provincia.
A raíz de ese argumento, se planteó una proposición negativa hacia el proyecto, que fue apoyada por nueve senadores.
A pesar de las perspectivas contrarias al proyecto, el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, señaló que este proyecto es necesario e impostergable.
“Esperamos con esta decisión, y ojalá con la de la Cámara de Representantes, que la ciudadanía de Urabá pueda decirle sí al área metropolitana de Urabá y articularla e integrarla con la provincia del norte de Urabá y del mar de Antioquia”, añadió Prieto.
Por su parte, y a pesar de los argumentos de los cabildantes que en teoría abogan por los intereses del municipio de Chigorodó, la propia alcaldesa del municipio, Tulia Irene Ruiz García, se posición como una fiel convencida de que se necesita implementar el proyecto.
“Tenemos que visionarnos como región y el Área Metropolitana va a permitir que abordemos temas que son supramunicipales, transversales a todos en temas como ordenamiento territorial, transporte, educación, de residuos sólidos. Es una posibilidad para todos de crecer de manera uniforme”, aseguró la alcaldesa.
Identidad gráfica elegida para el área metropolitana de Urabá. Foto:Archivo particular
Finalmente, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Guido Echeverri Piedrahita (Alianza Verde-Centro Esperanza) destacó la decisión como un paso clave hacia la descentralización y precisó que aunque el concepto favorable de la comisión no es vinculante, abre el camino para que los urabaenses decidan mediante consulta popular.
Siguiente paso
Ahora, tras el concepto favorable emitido por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado el pasado miércoles, el proyecto pasará a debate en la Cámara de Representantes, donde se espera tener la respuesta positiva de los cabildantes.
De darse el concepto favorable de la Cámara, se realizaría entonces la convocatoria correspondiente para la consulta popular por parte de la Registraduría Nacional en los municipios participes del proyecto.
Finalmente, serán los habitantes de Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó, los que decidan si están a favor de la creación de esta entidad que agrupe a sus municipalidades mediante esta figura asociativa.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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Un eslabón clave al interior de las organizaciones es la tesorería. Las personas encargadas de esta labor se responsabilizan de llevar contabilidad precisa y gestionar las finanzas de la organización para garantizar la liquidez necesaria para cubrir las obligaciones de la misma. Bajo esa premisa, se entiende que una persona encargada de esta labor es fundamental, incluso, para las organizaciones criminales.
En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, adelantaron un proceso de investigación, durante varias semanas, alrededor de una oficina de un edificio comercial del exclusivo sector de El Poblado, en la comuna 14 de Medellín, en la que aparentemente se estaban desarrollando labores de tesorería para dos de las organizaciones criminales más longevas y poderosas de la ciudad.
Vista aérea de El Poblado, en Medellín. (Imagen de referencia) Foto:Cortesía Vivir en El Poblado.
La Tesorera de las bandas
La investigación articulada le permitió a las autoridades dar con la mencionada oficina, que pasó de ser un mito a un elemento factico a relacionar con La Terraza y Los Triana, los grupos delincuenciales organizados (GDO) con mayor incidencia en la ciudad y cuya operación central se centra en el nororiente de Medellín. Lejos de cooperar, son dos grupos que, de algún modo compiten por el control de las rentas ilícitas y demás negocios ilegales en la capital de Antioquia, para financiar su actividad.
Veruska Torres Fernández, tesorera de La Terraza y Los Triana. Foto:Suministrada.
En este caso, la oficina ubicada en El Poblado sería un punto neutro de la ciudad para ambas organizaciones, en tanto, en efecto, tras realizar un un operativo de allanamiento y registro contra este inmueble, las autoridades hallaron múltiples elementos que corroboraron la teoría de su investigación: esta oficina servía como tesorería para ambos GDO.
Al momento de la diligencia, las autoridades encontraron a una mujer al interior del inmueble que sería la responsable de almacenar, llevar registro y gestionar, en este inmueble, el dinero producto de las rentas ilícitas de ambos grupos al margen de la ley. La mujer fue capturada en flagrancia por las autoridades de la ciudad por su presunta responsabilidad de custodiar el dinero de estas organizaciones.
Incautaciones y análisis de las finanzas
Al momento de su captura, precisamente, la mujer se encontraba custodiando algo más de 700 millones de pesos en efectivo divididos en denominaciones de $100.000, $50.000, $10.000 y $2.000. Además, en el operativo fueron incautados con fines de comiso un grabador de video digital, tres celulares, una tarjeta sim, tres máquinas para contar billetes, y varios computadores portátiles y de mesa. Estos dispositivos serán objeto de revisión de las autoridades para buscar registros financieros y/o facturación que permita establecer el vínculo de este dinero con La Terraza y Los Triana, además, establecer la magnitud de sus operaciones a nivel económico.
Estos fueron los elementos incautados durante el allanamiento a la oficina de El Poblado. Foto:Suministrada.
La tesorera de La Terraza y Los Triana fue identificada como Veruska Torres Fernández. EL TIEMPO estableció que tras su captura, la mujer fue vinculada a un proceso adelantado por el juzgado 104 penal municipal de Medellín contra al menos 10 personas más desde mayo de 2024.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Torres Fernández por el delito de lavado de activos en calidad de cómplice.
Torres Fernández no se allanó a los cargos imputados por una fiscal especializada de Medellín por el delito de lavado de activos y su defensa apeló la decisión ante la segunda instancia correspondiente.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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El pasado 27 de mayo, la Procuraduría General de la Nación confirmó la decisión tomada en fallo de primera instancia en la que se determinó sancionar con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos para la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz.
La sanción de primera instancia fue emitida por el ministerio público el 31 de octubre de 2023. Dicha decisión se derivó de una serie de irregularidades halladas por esta entidad en el proceso contractual 4600085185 de Buen Comienzo.
Corrupción en contrato de Buen Comienzo
Según lo explicó la Procuraduría el 2 de mayo de 2023, cuando se formuló pliego de cargos contra Agudelo, la secretaria de Educación de la administración de Daniel Quintero fue vinculada al proceso “por presuntamente haber inobservado el principio de transparencia y el deber de selección objetiva en el proceso de contratación No. 4600085185 de 2020, en el cual se contrató de forma directa a la Corporación Colombia Avanza para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través de la modalidad Entorno Familiar del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín”.
Martha Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín. Foto:Archivo particular
En esa misma formulación el ministerio público señaló que: “De acuerdo con las pruebas recaudadas por el ente de control, la Secretaría de Educación de Medellín celebró contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la Corporación Colombia Avanza bajo contratación directa; sin embargo, dicha modalidad de selección escogida no se ajustaba al objeto, necesidad, líneas de trabajo y obligaciones específicas que debía cumplir el contratista, pues las condiciones establecidas desde la etapa precontractual imponían al contratante el deber de iniciar el proceso teniendo en cuenta otra modalidad de selección precedida de una convocatoria pública”.
Según lo anterior, el ministerio público consideró que Agudelo permitió que el proceso de este contrato se realizara bajo contratación directa cuando lo establecido en el convenio no correspondía a esta modalidad, sino a un proceso de licitación pública que contara con varios oferentes postulados.
En ese sentido, la Procuraduría determinó que Agudelo había incurrido en una falta gravísima que consistió en participar en la etapa precontractual y/o contractual de dicho proceso, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal.
La defensa de Agudelo apeló la decisión de primera instancia emitida en octubre de 2023 con la que se le había sancionado por ocho años de inhabilidad pública. El apoderado de la exsecretaria de Educación argumentó que Agudelo no asistía a todos los comités organizados para el proceso contractual y que realmente eran los miembros del área jurídica de la secretaría de Educación quienes habrían tomado las decisiones relativas al proceso. Sin embargo, testimonios de personas del equipo de Agudelo, recabados por la Procuraduría, demostraron lo contrario.
Fallo de segunda instancia de la Procuraduría en contra de Martha Alexandra Agudelo. Foto:EL TIEMPO.
Proceso con la Fiscalía y contratación en el Cesar
Por este mismo proceso de contratación, la Fiscalía General de la Nación ha señalado a Agudelo por hechos de corrupción y la tiene vinculada a un proceso judicial, junto a los contratistas de Colombia Avanza, para responder por un detrimento de más de 2.300 millones de pesos que este contrato le causó a la ciudad de Medellín.
Precisamente por el proceso con la Fiscalía, Agudelo renunció a su cargo en febrero de 2023, luego de afianzarse como la jefa de cartera más longeva de la administración Quintero. La entonces secretaria de Educación dio un paso a un costado para evitar una medida de aseguramiento domiciliaria que se le impuso tras ser imputada por corrupción por la Fiscalía.
Fragmento de la auditoría fiscal al contrato 4600085185 de 2020 realizada por la Contraloría. Foto:EL TIEMPO.
El ente acusador argumentó que durante el contrato se presentaron irregularidades como sobrestimación del presupuesto, contratación irregular de personal y pago de gastos no justificados.
Cabe recalcar que, a pesar de que la Procuraduría falló en contra de Agudelo en octubre de 2023, la apelación presentada por su defensa abrió un vacío legal que le permitió seguir contratando con el sector público.
Sin embargo, las vinculaciones de Agudelo no se dieron en Medellín, sino en el Cesar, donde Martha Alexandra Agudelo firmó por lo menos cinco contratos por un valor de 59 millones de pesos entre el 2 de mayo de 2024 y el pasado mes de febrero.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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Dos jóvenes de 15 y 18 años que se encontraban trabajando en zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño, perdieron la vida luego de pisar un artefacto explosivo enterrado en el suelo.
Los hechos se produjeron específicamente en el sector del Alto del Zapatillo, en jurisdicción de la vereda el Tacamocho. Según reportes de la región, en esta zona rural ya se han presentado múltiples episodios similares en el pasado, por lo que se suele considerar como territorio minado.
Estos fueron los dos jóvenes que murieron a causa del artefacto explosivo. Foto:Suministrada.
Territorio minado en Anorí
El alcalde del municipio, Gustavo Silva, relató que los jóvenes, residentes del casco urbano, se encontraban cumpliendo labores de minería en la zona hacia el medio día del 4 de junio cuando pisaron el explosivo.
En ese sentido, el alcalde Silva señaló: “Perdimos dos niños que lamentablemente cayeron en un campo minado, tristemente ocurrió esta tragedia en esta zona que se encuentra fuertemente minada por la presencia de grupos armados. Creemos que falta más presencia de la institucionalidad en nuestro municipio”.
A raíz de esta calamidad en un municipio perteneciente a una de las subregiones más azotadas por el conflicto armado en Antioquia, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, viajó a Anorí para reunirse con el alcalde, la comunidad y la familia de los dos jóvenes fallecidos.
En primer momento, en un acto público ante la comunidad del municipio, el Gobernador de Antioquia expresó su solidaridad por lo ocurrido y manifestó el compromiso de su administración por mitigar los hechos de violencia en la región.
Detonación controlada de una mina antipersona. (Imagen de referencia) Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo
“La violencia se ha agravado en los últimos años porque infortunadamente les han dado licencia para delinquir a los criminales. Primero con lo que fue la disposición del Gobierno Nacional de la Paz total y ceses al fuego, y eso volvió a poner en escena unos grupos que prácticamente estaban desaparecidos. Lo que hemos visto es cómo estos grupos armado margen de la ley crecen, se mimetizan en la población civil, siembran campos de minas y de paso nos generan víctimas inocentes”, señaló Rendón
Denuncia ante la CIDH
El mandatario regional también aseguró que la muerte de los dos jóvenes es una violación al Derecho Internacional Humanitario. Precisamente en el marco de ese agravante, Rendón informó que la Gobernación de Antioquia denunciará los hechos ocurridos en Anorí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de que estos organismos internacionales pongan la lupa sobre el panorama de violencia y conflicto armado en el departamento.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, agregó: “Vamos a oficiar al presidente de la República y al ministro de la Defensa para que tomen acciones contundentes, porque hemos venido pidiendo, desde hace mucho rato, a la fuerza pública, con capacidades desde el orden nacional, que intervenga en estos sitios, que consolide la zona, para que haya un desminado humanitario”.
El Gobernador de Antioquia, en reunión con las familias de los jóvenes que murieron en Anorí. Foto:Gobernación de Antioquia.
Según lo explicaron las máximas autoridades de Antioquia, en el municipio de Anorí y especialmente en su zona rural, hay enfrentamientos regulares entre estructuras del ELN y las disidencias de las FARC contra el Clan del Golfo. En ese respecto, el secretario Martínez explicó: “Los unos, para evitar la persecución de los otros, se dedican a sembrar explosivos improvisados de manera indiscriminada que resultan afectando a la población civil”.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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Durante la década del 2010, en Medellín se popularizó un fenómeno, protagonizado por jóvenes, que ponía en riesgo la vida de quienes participaban de una dinámica que, al contrario de ser casual, se planeaba con antelación.
Jóvenes de colegios públicos y privados de la ciudad, sin discriminar, se citaban afuera de lugar concurridos de la ciudad, como restaurantes y lugares de comida rápida que a su vez estuvieran cerca de las instituciones educativas. Tras haber acordado fecha y hora del encuentro, los jóvenes se daban cita para pelear.
El antecedente de la década pasada
En la mayoría de casos se trataba de riñas entre dos personas, ya fuera por diferencias generadas a través de redes sociales o en supuestas competencias entre instituciones. En muchos casos, estas riñas no tenían un factor detonante, más allá de la intención de los jóvenes de llamar la atención.
En aquella época, las autoridades de la ciudad intentaron prevenir que se produjeran estas riñas aumentando su presencia en las zonas aledañas de las instituciones educativas de la ciudad, sin embargo, los jóvenes seguían hallando la manera de citarse para pelear. Del mismo modo, las instituciones educativas tomaron correctivos con los estudiantes que participaran de estas actividades.
Y a pesar de que estos hechos mantenían en vilo a la ciudadanía y especialmente a los padres de familia, nunca escalaron al punto de que hubiera jóvenes heridos de gravedad, tampoco se tuvo registro del uso de armas blancas. Sin embargo, en días recientes, han aparecido denuncias semejantes a las que se presentaron en la década pasada, con el factor diferencial de que las armas cortopunzantes están entrando en la ecuación.
Las riñas estarían ocurriendo en barrios de la comuna 8 (Villa Hermosa) Foto:Archivo particular
Según denuncias realizadas a las autoridades, estos episodios estarían ocurriendo nuevamente en la ciudad. De acuerdo con información revelada por el subsecretario de Seguridad de Medellín, el brigadier general en retiro Pablo Ruiz, los hechos se estarían registrando en Villatina, Villa Liliam, La Sierra, Bello Oriente y Castilla.
Seguimiento activo a las denuncias
El subsecretario Ruiz también señaló que tanto la secretaría de Seguridad como la Policía Metropolitana ya están haciendo seguimiento a estos casos en los que jóvenes se estarían citando en las afueras de instituciones educativas para pelearse con cuchillos y machetes.
En ese sentido, Ruiz señaló: “Nos reunimos con la comunidad para revisar que es lo que está pasando y que falta por hacer desde las dependencias del Distrito como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad para erradicar estas malas prácticas. Recientemente, hicimos algunas intervenciones en varios colegios y estamos trabajando en campañas preventivas para evitar estos asuntos”.
Brigadier general en retiro, Pablo Ferney Ruiz, subsecretario de Seguridad de Medellín. Foto:Alcaldía de Medellín.
Por ahora, la Policía de Infancia y Adolescencia ha intensificado su presencia en los sectores en los que se registraron las riñas para prevenir que ocurran nuevamente, mientras que se identifican los canales y motivos que en esta oportunidad estarían llevando a los jóvenes a citarse para pelear.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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En la tarde del 4 de junio, las autoridades de Medellín anunciaron seis capturas por delitos sexuales contra menores. Tres de los capturados fueron judicializados por delitos de proxenetismo con una menor de 13 años, a la que persuadieron de crear contenido audiovisual de carácter sexual ofreciéndole retribuciones, por estos contenidos, tales como dinero en efectivo, dispositivos móviles, artículos de maquillaje, ropa y servicios estéticos.
A pesar de que el foco de este caso estuvo puesto en el delito directo que cometieron estos tres adultos hacia la menor de edad involucrada, hay un elemento estructural que se esconde detrás de este crimen.
La lucha contra la ESCNNA en Medellín
Se trata de una problemática que ha sido un dolor de cabeza constante, no solo para las autoridades, sino para la ciudadanía de la capital de Antioquia: El papel de los extranjeros en los delitos sexuales contra menores en Medellín.
La niña de 13 años, que era explotada por su propio primo y su pareja, además de una amiga de ambos, en la comuna 13, estaba creando este contenido de carácter sexual bajo demanda de dos ciudadanos de origen extranjeros que fueron los compradores de este material.
Un hombre y dos mujeres fueron capturados por el delito de proxenetismo contra una menor de 13 años. Foto:Suministrada.
Y esta revelación llevó a que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, convocara a una rueda de prensa en la que no solo se anunció la captura de los implicados en este caso, sino que el mandatario de la ciudad, que desde su posesión como cabeza administrativa de la ciudad ha intensificado las medidas para prevenir la comisión de crímenes sexuales por parte de extranjeros en la ciudad, hizo un segundo anuncio alineado con ese propósito de mitigar estos delitos en Medellín.
El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga viajará este viernes a Estados Unidos para sostener “reuniones de alto nivel” con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Estado y el FBI, para avanzar en una ofensiva internacional contra los delitos de explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA).
Desde 2024, la ciudad estableció una alianza operativa con el Departamento de Seguridad Nacional en la lucha contra los agresores sexuales de menores provenientes de Estados Unidos, especialmente. La implementación del sistema Angel Watch, con el que se generan alertas en los filtros de ingreso al país para posibles agresores sexuales, ha sido una herramienta esencial en el propósito de garantizar un turismo seguro en Medellín, sin embargo, todavía saltan a la luz casos en los que extranjeros abusan de menores de la ciudad.
En cifras entregadas por la secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, actualmente, se investigan 14 ciudadanos extranjeros por delitos sexuales cometidos en Medellín y, finalizando junio, se llevará a cabo el juicio y sentencia de los ciudadanos Stefan Correa y Hamzeh Anaswed, procesados por su participación en redes de explotación sexual de menores.
Campaña contra la ESCNNA en Medellín Foto:Alcaldía de Medellín
Además, como balance de las medidas implementadas en la ciudad para prevenir estos delitos, la secretaría de Seguridad también reveló que en 2024, y lo que va de 2025, se han ejecutado 47 capturas por explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), 314 por delitos sexuales y 31 detenciones a extranjeros por estos hechos. Además, se han intervenido 82 viviendas turísticas y se han aplicado 78 suspensiones temporales de actividad económica por irregularidades asociadas a explotación infantil.
El viaje del Alcalde de Medellín a EE.UU.
Es precisamente en el marco de esas cifras que el alcalde Gutiérrez viajará a suelo norteamericano.
“Viajaremos invitados por el gobierno de los Estados Unidos y estas agencias, básicamente para tener reuniones de alto nivel y fortalecer las tres líneas de trabajo que venimos haciendo, como son prevención de riesgo de explotación sexual, investigación de delitos contra menores y apoyo a la judicialización para asegurar sanciones efectivas, tanto en Colombia como en Estados Unidos”, explicó el alcalde Federico Gutiérrez.
El alcalde Federico Gutiérrez en rueda de prensa este 4 de junio. Foto:Alcaldía de Medellín.
El cronograma del mandatario de Medellín iniciará este viernes 6 de junio con una reunión de alto nivel con autoridades del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado, en la que se buscará fortalecer aún más la cooperación y la capacidad operativa conjunta para prevenir, investigar y judicializar casos de ESCNNA en la ciudad.
Luego, el lunes 9 de junio, el mandatario sostendrá un encuentro con representantes del FBI, en Miami. Adicionalmente, durante el fin de semana, participará en encuentros con el jefe de la oficina del FBI, sus delegados de Grupos Criminales y Contraterrorismo, así como con supervisores de unidades investigativas contra el crimen organizado transnacional, el terrorismo y los delitos contra niños.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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Juicio al expresidente Álvaro Uribe – Día 51 Foto:
Allegados, amigos, y seguidores de la DJ Camila Gil han lamentado su repentina muerte. La joven, quien también era activista de la comunidad LGBTI, se había subido a un escenario de Medellín, Antioquia, días antes.
La DJ trans era reconocida en la industria de la música electrónica. Sus sets, o presentaciones, se caracterizaban mayormente por mezclar canciones de los subgéneros de circuit y tech house. También incluía pistas de guaracha.
DJ Camila Gil. Foto:Instagram: @camilagildjoficial
Las imágenes y videos de la última presentación de la DJ Camila Gil
Esos sonidos se escucharon el pasado 31 de mayo cuando tocó en un bar de la capital antioqueña. “Lista para mi noche”, escribió en una publicación de su cuenta de la red social Instagram, en la que tenía alrededor de 424 mil seguidores.
DJ Camila Gil, en su última publicación de Instagram. Foto:Instagram: @camilagildjoficial
“Te veías tan radiante y llena de energía, que nada ni nadie pueden entender qué pasó”, dijo uno de los asistentes a la presentación, quien compartió en redes imágenes de la artista esa noche.
Se puede ver a Camila mezclando una pista electrónica con la canción Back To Black de Amy Winehouse.
DJ Camila Gil en una de sus últimas presentaciones. Foto:Redes sociales
“Tu partida nos deja un vacío inmenso, pero también nos enseña a valorarte más que nunca, a agradecerte por el legado tan grande que dejaste y a recordar a la vez lo efímera que es la palabra vida”, agregó el seguidor de la artista.
En otros videos se observa a la joven alentando a la multitud a bailar durante la que sería una de sus últimas presentaciones.
DJ Camila Gil era reconocida en la industria de la música electrónica. Foto:Redes sociales
“Dándonos siempre show, actitud y outfits”, expresó otro seguidor de la DJ.
Sentidos mensajes por la muerte de la DJ Camila Gil
La familia de la joven, de 29 años, fue la encargada de informar el fallecimiento. Mediante un comunicado emitido este 5 de junio, recordaron a la mujer trans como “un referente invaluable de la escena electrónica y de la comunidad LGBT+” e hicieron un llamado al respeto y sensibilidad en el delicado momento que atraviesan.
“Camila fue mucho más que su talento: fue un símbolo de libertad, autenticidad y resistencia. Su energía, su luz y su valentía transformaron vidas y abrieron caminos para muchas personas”, puntualizaron.
El comunicado con el que familiares y allegados confirmaron la muerte de Camila Gil. Foto:Captura Instagram
El establecimiento comercial donde se presentó días antes también lamentó la repentina partida: “Su huella será imborrable en una comunidad por todo el mundo y principalmente en Colombia. Nunca, ni una sola vez nos defraudó”.
Según se ha conocido, Camila estaba agendada para un show en las próximas semanas con el mismo bar para celebrar el mes del orgullo LGBT.
Tras su muerte, el club anunció que en alianza con otros bares de Medellín desarrollarán un homenaje y despedida para la artista trans.
Camila Gil tenía 29 años. Foto:Captura Instagram @camilagildjoficia
Por el momento, la familia de la DJ no ha confirmado la causa de su muerte. Sin embargo, allegados mediante redes han señalado que la artista habría tenido problemas de salud respiratorios en las últimas semanas.
