El sospechoso fallecimiento de un hombre en el municipio de Caucasia (Antioquia), a comienzos de 2023, llevó a la Fiscalía General de la Nación a investigar los pormenores de la extraña muerte de este civil, que, perdió la vida por ahogamiento en un contexto inusual.
Una vez iniciado el proceso de investigación, la Fiscalía se remitió al corregimiento de Cuturú, donde las primeras pesquisas guiaron el rastro de las autoridades hacía siete miembros de la Fuerza Pública que habrían estado implicados en un episodio macabro que habría derivado en la muerte de este hombre.
Civiles torturados
Según las investigaciones del ente judicial, en los hechos, que se remiten al 20 y 21 de abril de 2023, los siete miembros del ejército habrían retenido de manera ilegal y sin una orden judicial a tres civiles que, aparentemente, tenían conocimiento de la ubicación de una millonaria caleta perteneciente a un grupo armado ilegal con operaciones en la región.
Cuturú, Caucasia. Foto:Archivo particular
Los soldados retuvieron a los tres individuos y los trasladaron a la base patrulla móvil del Batallón Rifles del Ejército Nacional, y allí, habrían recurrido a diferentes métodos extrajudiciales para obligarlos a darles la información que buscaban.
El grupo, que fue liderado por un teniente en retiro, habría sometido a tratos crueles, denigrantes y de tortura a los tres hombres. Por medio de estos métodos pretendían llevar al límite a los individuos para que dieran la información que buscaban y posteriormente liberarlos.
Sin embargo, la situación se le salió de las manos a los soldados.
En medio de los métodos de tortura aplicados por los militares, uno de los civiles habría sido sometido a ahogamiento ‘controlado’ en un lago del sector, y en ese contexto fue que el civil murió por ahogamiento.
Con los elementos probatorios suficientes para vincular a los militares en los hechos, la Fiscalía logró individualizar y responsabilizar a los miembros del ejército implicados en el episodio.
Los uniformados judicializados
Se trata del teniente en retiro Jahyr Stephen García Echaves, el cabo tercero Oscar Iván Joven Zúñiga, el sargento segundo Diego Alejandro Castillo Castillo y los soldados profesionales Alfredo Julio Basilio, Juan Camilo Navarro Galindo, Juan Esteban Regino Corrales y José Rafael Morales Donado.
Los hombres fueron procesados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien los presentó ante un juez de control de garantías por la retención ilegal y tortura de los tres civiles, y la ya mencionada muerte de uno de ellos, en hechos ocurridos en zona rural de Caucasia.
Los seis soldados activos deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro de reclusión militar. Foto:Archivo particular
En el caso de los civiles, los dos sobrevivientes a las torturas de los soldados, quedaron en libertad luego de ser presentados ante un delegado de la Fiscalía, quien estableció que no había mérito para capturarlos y judicializarlos.
Por los hechos, los seis soldados activos y el teniente en retiro fueron imputados por los delitos de homicidio de personas protegida y tortura contra persona protegida.
Los uniformados no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía. Por otro lado, y por disposición de un juez de control de garantías del circuito de Antioquia, los uniformados activos deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro de reclusión militar; y el teniente en retiro García Echaves permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.
Fuentes cercanas a la investigación explicaron que, el actuar de los uniformados se justificó en un plan elaborado por el grupo para hallar la millonaria caleta y quedarse con su contenido, repartiendo el dinero entre los siete implicados
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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