Desde el pasado 5 de agosto el país conoció que el Gobierno Nacional iniciaría un proceso de diálogo de paz con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), autodenominadas Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), la organización criminal más grande que hoy tiene el país con injerencia en la Antioquia.
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Lideradas por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con los alias de Javier o Chiquito Malo, después de la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, había tenido una oportunidad de conversación que fue suspendida en marzo de 2023 cuando, a raíz del paro minero que afectó al Bajo Cauca, el presidente Gustavo Petro arremeter con toda en su contra.
Desde ese momento pasó un año y cinco meses para que se anunciara la instalación de un Espacio de Conversación Sociojurídico “en el cual se verificará la voluntad de la Estructura Armada de transitar al Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la ley, y construir paz en los territorios bajo la dirección del Consejero Comisionado de Paz”, dice el documento que anunciaba el proceso.
Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.
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Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), señala que luego de conocida la resolución que da viabilidad a la conversación, lo primero que hay que preguntarse es en qué cambió con relación a la suspensión de 2023 y qué tan dispuesta está la organización que el Estado llama ‘clan del Golfo’, para adelantar un proceso de diálogo sociojurídico para un sometimiento a la justicia.
“Porque el Gobierno no le ha dado ese reconocimiento de un estatus político, pero yo no creo que el ‘clan del Golfo’ se quede tan tranquilo con eso y lo que hemos observado es que en diferentes subregiones del departamento han empezado a fabricar organizaciones o cooptar organizaciones que empiecen a darle ese matiz político”, apunta Zapata.
A esto se le sumaría que, para entrar al proceso, sería importante que empezaran a tener “actos de buena voluntad”, como pactar un cese multilateral al fuego en territorios donde están en confrontaciones con otros grupos armados, como está sucediendo en territorios como el Nordeste, Norte y Bajo Cauca antioqueño.
El Gobierno no le ha dado ese reconocimiento de un estatus político, pero yo no creo que el ‘clan del Golfo’ se quede tan tranquilo con eso
“Un tercer elemento, que es un elemento económico importante, es que la disputa reciente entre las Agc o ‘clan del Golfo’ y estas guerrillas del Eln y las disidencias, es sobre todo por la minería, o sea, por minas de oro. La coca está mala, no hay casi mercados internacionales, la pasta está mal, entonces lo que nosotros tenemos en el momento es que es el oro y sus altos precios en el mercado internacional, son los que están estimulando la conflictividad en estos territorios mineros, entonces eso además de Antioquia afecta al sur de Bolívar”, agrega Zapata.
Comunidad de Venecia denuncia presencia de panfletos y grafitis de las AGC
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Para Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social (Corpades), uno de los temas principales tras el anuncio será, además del reconocimiento como Ejército Gaitanista de Colombia, como se han denomina, abrir el debate sobre el no sometimiento sino un acogimiento, como lo ha planteado su máximo cabecilla Javier.
La coca está mala, no hay casi mercados internacionales, la pasta está mal, entonces lo que nosotros tenemos en el momento es que es el oro y sus altos precios en el mercado internacional
“¿Qué significa que se sienten? Pues que va a haber un lugar o un espacio donde se van a debatir estos temas y muchos más. El tema de expansión del Egc, el tema de confrontación y hay que reconocer algo, estamos hablando de la estructura considerada la más grande de Colombia y que va en un proceso de expansión”, manifiesta.
Esta expansión fue dado a conocer por la Defensoría del Pueblo quien informó que por medio de las Alertas Tempranas (AT) ha identificado que la presencia, injerencia o tránsito del grupo armado entre el 2019 y el 2024 tuvo un aumento del 84 por ciento, al pasar de 213 municipios a 392.
Entre los departamentos con más alertas donde se advierten las actividades delictivas de este grupo son: Antioquia, con 39; Chocó, con 38; Bolívar, con 21; Córdoba y Meta, 17 cada uno; Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 15 cada uno; Cesar y Cundinamarca, con 13 AT cada uno.
“Hoy la operación de las Agc se ha extendido a 24 de los 32 departamentos del país”, dice la Defensoría.
Presencia del grupo en Antioquia
Además de estar en el Nordeste, Norte y Bajo Cauca, sus tentáculos han llegado hasta el Valle de Aburrá donde hacen presencia en el municipio de Caldas, los corregimientos de San Cristóbal y Santa Elena (Medellín), San Félix (Bello), así como en la parte alta de la comuna 8 (Villa Hermosa). También los han identificado en el Suroeste y Oriente donde disputan el microtráfico con bandas locales.
“Estamos hablando de una estructura que tiene en el departamento presencia en lo rural, pero también presencia urbana, en otras regiones también pasa lo mismo, en muchos de los municipios de las subregiones de Antioquia y con un epicentro muy fuerte, muy poderoso, que es Urabá”, agrega Quijano.
Esta fuerte presencia en el departamento, precisa el director de Corpades, hace importante esta conversación que se une a las existentes con el Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc y con las Estructuras Armadas del Valle Aburrá que “daría pie para decir que en Antioquia, buena parte de los grupos, por no decir los grupos más poderosos, están en conversaciones o diálogos con el Gobierno Nacional”.
Integrante del ‘clan del Golfo’
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Cabe recordar que hay unos diálogos que se encuentran suspendidos con el Eln, tras el ataque terrorista en Arauca. Este grupo también está en Antioquia.
“Nosotros esperamos que esto se traduzcan en acuerdos, no solo en ceses bilaterales con el Estado, que es lo que hemos tenido hasta ahora, sino ceses multilaterales donde realmente los fusibles los acallen definitivamente y no hayan otros actos de hostilidad contra la población civil como la extorsión, el constreñimiento, la imposición de reglas y conductas, los castigos colectivos, la restricciones horaria de la movilidad y otras situaciones que se vienen presentando en este momento los territorios”, acota Zapata.
“Esta gente no se va a desmovilizar para dejarse morir de hambre o para que no le den alternativas, porque obviamente reincidirían en las actividades delincuenciales”, concluyó.
Aunque todavía no está claro cuándo será el primer encuentro entre los delegados del Gobierno y los líderes de la organización, está claro que en esta oportunidad serán los mismos integrantes de Estado Mayor Conjunto, es decir, las cabezas, los que estarán allí sentados en la mesa.
LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Periodista de Nación – Medellín
