La desinstalación de un circuito cerrado de televisión que presuntos integrantes de la banda ‘La Terraza’, una de las organizaciones criminales más antiguas de Medellín, tenían en El Poblado (comuna 14), pone sobre la mesa el uso de la tecnología por parte de grupos ilegales para cuidar sus intereses criminales y evitar el actuar de la Fuerza Pública en su contra.
Bajo esta estructura confederada, se encuentran combos delincuenciales en comunas como Aranjuez, Manrique, Popular, La Candelaria, Castilla y El Poblado; pero también en municipios del Suroeste y Oriente antioqueño.
El golpe asestado a esta organización, de acuerdo al reporte entregado por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se dio en un trabajo coordinado con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en tres allanamientos donde les fueron incautadas sustancias alucinógenas que iban a comercializar en el Parque Lleras y Provenza.
Cámaras de seguridad desinstaladas por las autoridades Foto:Alcaldía de Medellín
Se incautaron más de 20.000 gramos de marihuana orgánica y 3.000 gramos de droga sintética, además de elementos de dosificación, una contadora de dinero y un circuito cerrado de televisión.
“Con este pretendían los criminales anticipar la presencia de las autoridades y evitar de esta manera el accionar de la Fuerza Pública”, dijo el secretario de Seguridad.
Estructuras evolucionadas
Luis Fernando Quijano Moreno, director de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social (Corpades) y analista del conflicto urbano, explica que este hallazgo, que se suma otros ocurridos en el Valle de Aburrá en los últimos años, demuestra que las estructuras armadas han evolucionado y han encontrado en la tecnología a una alianda para sus interesar.
Por un lado, a través de las cámaras pueden vigilar el territorio donde ejercer control, pero también observan la llegada de los enemigos, es decir, un miembros del bando contrario que pueda amenazar su estabilidad o a la Fuerza Pública para alguna diligencia judicial.
“Vigilan si hay gente de inteligencia del enemigo entrando, de otros grupos o el mismo Estado. ¿Quién está ingresando? ¿Cómo se está moviendo el tema del transporte de armas? Todo lo que se mueve en un territorio. Eso es un servicio que establece una especie de seguridad 24 horas”, manifestó Quijano.
Cámaras de seguridad desinstaladas por las autoridades. Foto:Alcaldía de Bello
Para el analista no es descabellado que algunas de estas estructuras ya estén haciendo uso de drones para vigilar sus zonas de injerencia, pues la adquisición de estos equipos tecnológicos es fácil y están al servicio de quien los pueda comprar
“La tecnología no es ajena a las estructuras armadas ilegales y, como el Estado también las utiliza, ellos también las utilizan”, agregó.
Quienes viven en las barriadas que estos combos controlan saben que ellos vigilan con las mismas herramientas y métodos de la Policía: motos realizando rondas, personas ubicadas en puntos estratégicos, celulares y cámaras de seguridad.
Duros golpes
El caso reportado en Medellín no es el único, durante los años 2020 – 2024, la Administración del municipio de Bello, informó el desmonte de cámaras de seguridad que, de acuerdo a inteligencia de la Policía, habían sido instaladas por los grupos delincuenciales con injerencia en el territorio.
El primer gran golpe se hizo en julio de 2020, cuando fueron ubicadas y desinstaladas 46 cámaras que hacían parte de una robusta red de videovigilancia utilizada para espiar a la Fuerza Pública y ejercer actividades criminales.
Instaladas en postes de energía de Empresas Públicas de Medellín, estaban siendo monitoreadas por miembros de los grupos delincuenciales de ‘el Mesa y ‘Pachelly’.
La ubicación de estos elementos por parte de las autoridades fue posible a denuncias de ciudadanos y a las labores de patrullaje por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
Cámaras de seguridad Foto:Alcaldía de Bello
Investigaciones adelantadas por unidades de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), apoyados con el personal adscrito a los polígonos de seguridad mediante investigaciones, seguimientos y monitoreo, lograron establecer que los puntos de monitoreo ilegales estaban en postes del alumbrado público.
Fue así como se desplegó un operativo en los barrios El Mesa, Andalucía, Prado, Central, Buenos Aires, Bellavista, Pachelly y El Ducado, para desmontarlas.
Las indagaciones establecieron que su principal objetivo era “dar aviso sobre la llegada de las autoridades, alertar el ingreso de vehículos y personas que no eran conocidos en el sector y anticipar acciones por parte de grupos delincuenciales con los que sostienen confrontación directa”.
También determinaron las autoridades que las cámaras servirán para el control y supervisión de sus rentas criminales.
Dos años más tarde, a comienzos de marzo, ocurrió el desmonte de 13 cámaras más que no eran parte del inventario de la Administración local ni de la estación de Policía.
Estaban en los postes de energía de Niquía, zona centro, Prado y París. Fueron reportadas por la Policía de Bello.
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