La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad descentralizada de la Alcaldía de Medellín dedicada a formular, diseñar, ejecutar, y asesorar proyectos urbanísticos, se encuentra metida en un lío producto de una cuestionada contratación realizada en la anterior administración, es decir, la de Daniel Quintero.
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Se trata de un contrato interadministrativo firmado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) – a través del Fondo de Inversión para la Paz- con la EDU para realizar construcción de vías terciarias y realizar mejoramiento de vivienda en 16 municipios, sumado a dos contratos de interventoría.
Sin embargo, lo primero que llama la atención es que todas las obras tienen lugar por fuera de Medellín, incluso, hay una de estas ubicada por fuera de Antioquia, que está en Sesquilé, Cundinamarca.
Los otros municipios son: Alejandría, Titiribí, Sopetrán, San Francisco, San Luis, Cocorná, Chigorodó, Liborina, Arboletes, San Rafael, Caracolí, Puerto Triunfo, Giraldo y Andes.
Dicho contrato tuvo un valor de unos $59.000 millones y un plazo de ejecución de 8 meses. Sin embargo, en este se firmaron cuatro otrosíes que no solo modificaron el alcance -dejando por fuera los mejoramientos de vivienda- sino que también ampliaron el plazo de entrega y el contrato, finalmente terminó por un valor poco menor a los 30.000 millones, solo para vías terciarias y con un plazo de 33 meses que se cumplió a finales de julio pasado.
Sin embargo, ahora que las obras están terminadas y están siendo utilizadas, hay una polémica por el tema de costos, ya que dicho contrato interadministrativo tiene problemas de estructuración, de riesgo financiero, entre otros, que tiene en riesgo a la EDU de pagar una millonaria suma que supera los $5.000 millones.
Una serie de irregularidades
Sede de la EDU
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Lo primero que llama la atención de este caso es que la fecha de contratación fue el 12 de noviembre del 2021, fecha límite en la que comenzara a regir la Ley de Garantías, pero en el Secop el contrato aparece con fecha del 30 de noviembre, lo que podría representar una infracción a dicha ley.
Lo segundo extraño en este contrato, según voceros de la actual gerencia de la EDU, es que en dicho contrato se haya estipulado que la EDU aportara una contra partida de hasta $800 millones “que se constituirán en una bolsa que se destinara en mayores cantidades de obra que se requieran o ítems no previstos, lo cual se demostrará al final del proyecto cuando se entreguen las cantidades ejecutadas y comparadas con las cantidades contratadas”.
EL TIEMPO tuvo acceso al contrato en mención y verificó que dicha contra prestación fue firmada por el entonces gerente de la EDU, Wilder Wiler Echavarria Arango.
Para la actual gerencia, esta es una situación “muy extraña” pues es la primera vez que la EDU -que es una empresa industrial y comercial del Estado- que la contratan para ejecutar proyectos se compromete a aportar recursos para una obra y siendo más extraño aún que dicha obra no tiene lugar en Medellín.
Esta situación se agravó porque dicha contra partida para estos recursos no contó con la gestión necesaria para conseguir los recursos. Es decir, no contó con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ni tampoco se envió un oficio a los alcaldes de los municipios donde se iban a desarrollar las obras para solicitar recursos para cubrir los mayores valores de obra.
No solo eso, tampoco se hicieron los ajustes necesarios a pesar de que hubo por lo menos dos memorandos internos dentro de la EDU advirtiendo los riesgos y haciendo sugerencias para evitar esta situación sin que se tomaran medidas correctivas.
Frente a los $800’000.000, los cuales son una obligación de medio y gestión ante las entidades territoriales, no de resultado, cómo se entiende del clausulado contractual
Una de las recomendaciones hechas por los expertos de la EDU dice: “En el Otrosí aclaratorio, modificar la cláusula referente al valor del contrato, en el que se especifique las dinámicas frente a los $800’000.000, los cuales son una obligación de medio y gestión ante las entidades territoriales, no de resultado, cómo se entiende del clausulado contractual, al pactarse como un aporte que requiere ser desembolsado en la cuenta que se estipula crear para el efecto, debiendo contar la EDU con la respectiva disponibilidad presupuestal”, dice el memo.
Al no hacerse los ajustes y al no tener estos soportes, cuando la EDU fue hacer la reclamación a las alcaldías por dichos mayores de obra, que ya no sumaban $800 millones sino $2.600 millones, estas alcaldías se desentendieron al indicar que no sabían nada sobre este contrato y que no había un respaldo sobre el mismo.
Desde la EDU explicaron que en el caso de la polémica contra partida, la cual dice que se verificará al final del ejercicio de cada proyecto, es la razón por la que cada proyecto hoy tiene una sobre ejecución y, debido a eso, también hay cinco solicitudes, que son prácticamente cinco reclamaciones o cinco demandas por parte de los contratistas por unos $2.900 millones.
Empresa de Desarrollo Urbano
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En resumen, el ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín indicó que le correspondió cerrar un contrato mal estructurado, mal planificado y mal supervisado, y además les tocó oficiar a los alcaldes de este cuatrienio 2024-2027 -que no estuvieron durante el desarrollo de las obras– quienes han manifestado que no tienen ningún vínculo, ninguna obligación, ni conocimiento alguno sobre la necesidad de aportar recursos por una actividad y unas obras que ya se cerraron, ya se entregaron y ya están siendo utilizadas.
A esto se suma investigación por parte de la Contraloría General de la Nación a este contrato debido a todo lo ocurrido en su celebración.
Entre las salidas, está dialogar con el DPS para que reconozcan la totalidad o una gran parte de esta suma, ya que el compromiso de la EDU presupuestalmente iba hasta los 800 millones de pesos.
La idea desde la entidad es hacer mesas semanales entre ambas partes y justificar de manera técnica el porqué esas cantidades de obras extras se requerían para llegar a un acuerdo en la reclamación.
De no llegar a una solución, tendría que ser un juez el que decida las responsabilidades y el monto que se debe pagar.
No es el único contrato investigado
Este contrato interadministrativo se suma a otros más que están siendo investigados por los entes de control.
A comienzos de septiembre la Personería Distrital de Medellín anunció que abrió una Indagación Previa en contra de funcionarios por determinar de la EDU “por presuntas irregularidades en la expedición y firma de documentos en el año 2024 por parte de la exgerente de la empresa sin que esta última ostentara calidad ni competencia“.
Tras un concepto técnico, el contrato fue reasignado a otra empresa que presuntamente no había sido sometida a los estudios correspondientes para la adjudicación
De igual forma, a finales de agosto la misma oficina del ministerio público inició una Indagación Previa en contra de funcionarios por determinar del Distrito adscritos a la EDU por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial de Medellín.
“Según la información preliminar, el contrato fue inicialmente adjudicado a una empresa que cumplía con todos los requisitos de Ley. Sin embargo, tras un concepto técnico, el contrato fue reasignado a otra empresa que presuntamente no había sido sometida a los estudios correspondientes para la adjudicación. Posteriormente, esta segunda empresa habría cedido el contrato a una tercera que presuntamente tampoco cumplía con los requisitos necesarios para su correcta ejecución”, indicó la Personería.
Desde la actual gerencia de la EDU recordaron que una de las principales medidas que tomaron al llegar al cargo fue modificar el manual de contratación el cual, según la gerente de la entidad, Luz Ángela González Gómez, “acoge los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función administrativa”.
ALEJANDRO MERCADO
Periodista de Nación
Medellín
