Un proceso de más de tres años en la Fiscalía General de la Nación, unas declaraciones imprecisas de la fiscal general Luz Adriana Camargo y un ambiente político volátil llevaron a que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recusara a la funcionaria, acusándola de llevar a cabo una persecución en su contra.
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Preguntada sobre si había alguna investigación en contra del gobernador Rendón, la fiscal general respondió que había una imputación, cuando no era así. “El Gobernador de Antioquia tiene fuero, ese fuero es de Fiscal General… que es una investigación que adelanta una Fiscal Delegada ante la Corte por delegación mía, en la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación”, expresó en su momento la funcionaria.
Fiscal Luz Adriana Camargo Garzón. Foto:Jaiver Nieto ÁLvarez / El Tiempo
Sin embargo, a los pocos minutos de haberse terminado el evento, la Fiscalía General de la Nación aclaró que el Gobernador no ha sido imputado y que su proceso se encuentra en etapa de indagación. A pesar de la retractación, el funcionario decidió recusarla. EL TIEMPO entrevistó al mandatario departamental para conocer el detrás de su accionar.
¿Por qué recusa a la fiscal Luz Adriana Camargo?
Porque creo que está, de alguna manera, siguiendo una instrucción de judicializar con muchísima celeridad, por demás, mi situación en un proceso claramente donde no se ha perdido un peso. Ahí están los dos centros de atención inmediata que se construyeron en la Alcaldía para la Policía. Uno, en un barrio muy peligroso, y otro, en un sitio muy turístico, porque esa construcción se hizo con el lleno de todos los requisitos de ley, entre ellos las debidas autorizaciones, avales técnicos de la Policía Nacional.
Presidente Gustavo Petro y fiscal Luz Adriana Camargo. Foto:Presidencia y archivo El Tiempo
Y porque mi labor como alcalde, puntualmente en este caso, como dije yo siempre, la instrucción de servidor público es garantizar que la Policía, la Fuerza Pública, tenga los medios para proteger a los ciudadanos. Pero ya las disposiciones administrativas propias de una entidad como la Policía les corresponde a ellos: ponerlos a funcionar, dotarlos de las unidades que se requerían para dar la atención.
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Entonces, a mí me parece que aquí hay una actuación, de alguna manera, bastante parcializada por parte de la Fiscalía, y eso se denota básicamente en el siguiente hecho: yo no he sido imputado y la señora fiscal general asevera que yo ya había sido imputado en una rueda de prensa que hace un par de semanas en la Ciudad de México.
Explique los pormenores del caso por el que la Fiscalía lo investiga…
Yo prometí hacer infraestructura para la Fuerza Pública, precisamente en los sitios donde lo hicimos: sobre la autopista Medellín-Bogotá, sobre unos barrios con muchas dificultades de seguridad como lo son Juan Antonio Murillo y sobre San Antonio. Y eso lo llevamos no solo al programa de gobierno sino al Plan de Desarrollo. Y cuando llego a la Alcaldía, hago precisamente esa infraestructura, se la entrego a la Fuerza Pública. La Policía la suponía funcionar, unas veces sí, otras veces no. Pero, vuelvo y repito, eso ya no es algo bajo mi discreción.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO
Luego de eso, me doy cuenta de que hay unos procesos fiscales y penales andando por cuenta de esas dos situaciones. Y en plena campaña buscan judicializarme con este caso, se me cita más o menos en septiembre, finalizando septiembre del 2023, con una audiencia de imputación, con supuestamente una medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento era por un delito distinto que llamaban receptación.
Y entonces, cuando preguntamos formalmente qué tenía que ver yo con ese delito, dicen: “Nos equivocamos, es solo una audiencia de imputación, pero no de medida de aseguramiento”. Pero ya habían hecho el daño en la campaña. Salgo elegido como gobernador, y esto llega, ya por la vocación de aforado que tenía al haber sido elegido, a una delegada de la Corte Suprema, que me acepta a principios del año pasado una versión libre.
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Eso queda quieto durante todo el año anterior, hasta más o menos abril de este año, cuando en un mes la fiscal cuarta delegada, que tiene el caso, de manera inusitada, dictamina treinta órdenes de trabajo. Pero yo me hago una pregunta: cuando un fiscal solicita una audiencia de imputación, es porque tiene un arsenal probatorio lo suficientemente grueso. Si yo ya iba a ser imputado en septiembre del 2023, ¿cuáles eran las pruebas que tenían para llevarme a imputación?
Entonces, digamos que aquí ha habido una seguidilla de hechos raros, no solo desde el 2023 con la fiscalía local allí, sino recientemente con la fiscalía cuarta delegada.
¿Cuántos fiscales ha habido en su caso?
A la fecha, cuatro. A la fecha, cuatro fiscales han pasado ya por el proceso. La local, que trató de imputarme en 2023, y tres delegados. Y yo siento que nosotros prometimos ser la contención a todo lo que significa este gobierno desde la campaña misma. Siento que nos hemos vuelto muy incómodos, no solo para el Gobierno, sino para aliados del Gobierno, como claramente lo es la Fiscalía General de la Nación.
Luz Adriana Camargo, fiscal general. Foto:Andres Sandoval/Fiscalía
Pero además hay un hecho en particular que siento les incomodó mucho tanto al Presidente como a la Fiscal, y fue la denuncia que nosotros hicimos de un operativo que fue muy exitoso por parte de la Fuerza Pública, del Ejército, donde hace un año, en un solo retén, capturaron a alias Calarcá y sus más importantes secuaces. Es decir, ese día, si se hubieran mantenido en firme las órdenes de captura que una fiscal local autorizó y que luego la general revocó y convirtió esos criminales en gestores de paz, estarían hoy en prisión alias Firu, alias Ramiro y la compañera sentimental de ‘Calarcá’, que luego fue señalada de estar detrás del asesinato de unos soldados en el Guaviare.
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Nosotros denunciamos eso e hicimos pública esa situación, porque nos parecía algo absolutamente lamentable, y nos hubiéramos evitado muchísimo dolor. Prácticamente toda la estructura de ‘Calarcá’ podría haber quedado desmantelada. Y yo siento que desde ese momento empezamos a ser muy incómodos, no solo para el Gobierno, sino además para la Fiscalía, porque fue la Fiscal la que finalmente levantó las órdenes de captura.
¿Siente que tiene garantías con la fiscal Camargo?
No, yo siento que ella está siguiendo una instrucción, está siguiendo el libreto ideologizado desde sus actuaciones de cercenar los derechos democráticos que tenemos en la oposición. Y me preocupa todo esto de cara al proceso electoral del 2026, porque Antioquia claramente ha sido la contención, la resistencia a lo que este modelo fracasado del Gobierno Nacional implica y no ha podido instaurarse allí en el corazón de los antioqueños, ni tampoco se ha traducido en votos. Pero si yo fuera encarcelado, si a mí me robaran la libertad, usurpando el voto de un millón de antioqueños, quien pondría gobernador sería Petro, por el tiempo que le diera la gana, lo que sería conveniente de cara al propósito electoral del año 2026.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO
Entonces, ante unos hechos contractuales siendo yo alcalde, de dos centros de atención inmediata para la Policía que están construidos, que están intactos, con sus ventanas, con sus techos y la Policía los utiliza, unas obras que no superaron los 1.200 millones de pesos, semejante persecución.
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Yo sí quisiera pedir garantías y por eso recusamos a la fiscal, y esperamos que la Corte pueda poner un fiscal que valore esta situación en su justa dimensión y que me permita a mí defenderme con las garantías que estamos demandando y a las que tengo derecho como ciudadano.
¿Antioquia está golpeadas por disidencias de ‘Calarca’?
En Antioquia es uno de los grandes desestabilizadores del orden público, junto con quienes actúan en convivencia, presuntamente, el Eln, y a quienes enfrentan, presuntamente, aduciendo un pleito insurgente, el ‘clan del Golfo’. Esos son los grupos que hacen presencia en las zonas de mayor crecimiento de la coca, en donde están los enclaves o calderos del departamento, donde está la explotación ilícita de yacimientos mineros, o, en este caso, del oro. Y son los que nos han puesto buena parte de las muertes violentas. Era muy usual, hasta cuando yo fui alcalde y secretario de Gobierno, que las muertes violentas tomaran lugar más pronunciadamente en la zona urbana. Hoy es todo lo contrario: es la zona rural donde está tomando lugar más o menos la violencia. Es una proporción de 60/40, rural siendo la más afectada, por cuenta del accionar criminal de las disidencias de las Farc, del ‘clan del Golfo’ y del Eln.
Usted ha sido crítico del manejo del orden público del Gobierno, ¿cuál es su balance de la paz total?
Yo siempre he estado muy comprometido con la seguridad, porque en Antioquia, y en muchos otros sitios del país, sabemos lo que es vivir con la zozobra y la inseguridad. Y desde la paz total, en Antioquia las disidencias de las Farc crecieron un 70 %. El ‘clan del Golfo’, un 60 %. Nosotros llegamos a tener en Antioquia, en el año 2003, 900 hectáreas de coca; hoy hay 18.000. Nosotros llegamos a tener en la minería una actividad bastante informal, con mucha precariedad en sus derechos de propiedad, pero hoy tenemos es una gran renta criminal que alimenta el quehacer de los grupos armados organizados y de los grupos delincuenciales, como lo es también el microtráfico. El ‘clan del Golfo’ pasó de ser no solo un desestabilizador del orden público, sino que también ahora es jíbaro.
‘Mula bomba’ en Valdivia, Antioquia. Foto:
Los grupos delincuenciales con los que Petro quiere negociar, aun cuando sus cabecillas están condenados, siguen delinquiendo desde la cárcel de Itagüí, manejan de cuenta la extorsión a 100.000 comercios en el Valle de Aburrá, con cerca de medio billón de pesos como renta criminal, fruto solamente de la situación que nadie denuncia. El microtráfico, que es para ellos un negocio más rentable y menos peligroso que el gran narcotráfico, podría significarles rentas de un billón y medio de pesos al año.
Entonces, lo que uno se pregunta de cara a todo esto es: ¿de qué ha servido la paz total?, ¿qué tranquilidad le ha representado eso a los ciudadanos, por lo menos en Antioquia? La paz total lo que ha hecho es envalentonar bandidos, enriquecerlos, ponerlos a estrenar uniforme y además darles tarima, y darles el micrófono. Es decir, ponerlos en una condición que ni Pablo Escobar se soñó: casi que de reconocimiento y compartiendo atril con el mismo presidente.
Si la paz urbana con capos de grandes estructuras criminales que delinquían en Antioquia y en el Valle de Aburrá sigue adelante, ¿cree que las elecciones del 2026 en toda la zona podrían estar amenazadas?
Ellos tienen, desafortunadamente, una gran capacidad de coerción en algunos barrios delas comunas de la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. Y eso quedó registrado con el famoso tarimazo, en el que claramente la gente que estaba allí pudo evidenciar, en muchos casos, que asistieron bajo algún tipo de constreñimiento, no solo porque ellos manejan los medios de vida de esas personas, sino también porque les tienen miedo.
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