Después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez le echara la culpa al Presidente Gustavo Petro por esta situación, y viceversa, ahora el mandatario distrital acudió a los entes de control.
Mediante una carta, Gutiérrez solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Contraloría General de la República (CGR) que hagan una vigilancia especial al proyecto, que lleva casi un 30 por ciento de avance con corte a diciembre del 2024.
Los argumentos
En la misiva, ‘Fico’ recordó que esta obra fue declarada de importancia estratégica para la Nación a través del Documento CONPES 4003 de 2020, “lo que permitió que ésta se comprometiera a aportar recursos para el proyecto por un valor correspondiente al 70%, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 310 de 1996, para lo cual el día 30 de noviembre de 2020 se suscribió el correspondiente convenio de cofinanciación entre la Nación, el Distrito de Medellín y el Metro de Medellín”.
Argumentó el Alcalde que el avance de obra se ha realizado exclusivamente con lo aportado por el distrito de Medellín, mediante una suma que asciende a $684.000 millones de pesos.
Sin embargo, indicó que hay riesgos por la no llegada de $ 497.630 millones de la vigencia 2025, sumado al incumplimiento de aportes de la vigencia 2024 ($483.135 millones).
Lo anterior, indicó Gutiérrez, pondría al proyecto en riesgo de no continuar con su ejecución, lo que podría generar inconvenientes sociales y económicos, dado el estado de avance de la gestión predial requerida y la imposibilidad de ejecutar las obras contratadas.
“La afectación por el no giro de los recursos de la Nación podrían derivar en un perjuicio económico que alcanzaría como mínimo un valor de $ 1.5 billones de pesos, asociados a una eventual aceleración del crédito, la compra de predios por las ofertas realizadas a los moradores, costos judiciales, clausulas penales y el impacto por la terminación de los contratos”, expresó el alcalde en el documento.
A lo anterior se suma nueve contratos dentro de los cuales se encuentra el contrato de obra y suministro de material rodante, señalización y equipos (contrato principal), el contrato de interventoría de éste, el contrato de gestión predial, el contrato de conexión al suministro de energía y el contrato del agente de financiación, entre otros.
“Como se advierte, el incumplimiento pondría en riesgo la correcta utilización de los recursos públicos y podría configurar una vulneración al principio de planeación, eficiencia y transparencia en la gestión fiscal, establecido en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 610 de 2000. Por lo anterior solicito a ustedes que ordenen la realización de las vigilancias administrativas especiales, en el marco de las competencias de cada una de las entidades bajo su dirección, con el fin de que se verifique que las actuaciones del Gobierno Nacional para la aplicación del Decreto 069 de 2025 y en relación con el proyecto Metro de la 80 sean ajustadas a derecho, evitando que la Nación incumpla con las obligaciones que se encuentran comprometidas y se generen los perjuicios a los que se ha hecho referencia”, finaliza la carta.
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