En la noche de este martes 10 de diciembre se conoció la decisión del Laudo Arbitral que definiría la responsabilidad del consorcio CCC Ituango, constructor de Hidroituango, en la contingencia del 2018 derivada por el taponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD).
Esta decisión se dio después de que en 2021 este consorcio, conformado por las empresas Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H, presentara una demanda arbitral contra EPM.
Dicha decisión, elimina la responsabilidad del consorcio y sus integrantes por la contingencia presentada en abril del 2018 y tuvo en riesgo al megaproyecto.
Mediante un comunicado, la empresa Conconcreto, quien hacer parte del consorcio, explicó que este proceso arbitral comenzó en enero del 2021 buscando aclarar las diferencias contractuales relacionadas con la ejecución de las obras de la GAD.
“Queremos resaltar el rigor técnico y jurídico con el que se llevó a cabo este proceso, que contó con la participación de reconocidos expertos en el ámbito de la ingeniería. Esta decisión reafirma la actuación íntegra del consorcio CCC Ituango, que a lo largo de los años de la ejecución de la obra aportó toda su experiencia técnica, humana, social y ambiental para asegurar la culminación exitosa de la primera fase de este megaproyecto”, indicó Conconcreto.
Gremios celebran la decisión
La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia celebró esta decisión e indicó que EPM, durante la alcaldía de Daniel Quintero se dedicó a tratar de responsabilizar al
Consorcio CCC Ituango por dicha contingencia.
“Hoy para el gremio y para la ingeniería en el país, se ha sentado un precedente histórico, hoy fueron desestimadas en su integridad por falta de fundamento las falsas acusaciones que hizo la pasada administración en contra de reconocidas empresas de nuestra región y nuestro país, con años de trayectoria en el ejercicio de la ingeniería, firmas que siempre se han caracterizado por su rigurosidad técnica en el ejercicio de la profesión”, indicó la entidad en un comunicado.
Agrega la CCI Antioquia que, debido a cuestionadas administraciones como las de Daniel Quintero, llevarán a que EPM deba pagar una enorme cantidad de dinero por compensación.
“Dinero de todos los antioqueños que aumentará aún más por el enorme derroche de la pasada administración”, puntualizó la entidad.
Federico Gutiérrez habló del tema
En sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la decisión del tribunal de arbitraje internacional a favor de los constructores de Hidroituango.
“Los que se robaron a Medellín construyeron un relato falso sobre Hidroituango y sus contratistas. Hoy una sentencia de un Tribunal Internacional de Arbitramento concluye que los constructores actuaron conforme a los diseños y especificaciones técnicas. Ahora son los que se robaron a Medellín quienes deberán responder ante la justicia por el daño tan grande que causaron“, trinó el alcalde.
Sobre la contingencia
El 28 de abril del 2018, cuando Hidroituango se acercaba al 90 por ciento del avance para estar terminado, se taponó la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que evitaba que las aguas del Río Cauca llegaran de manera desbordada a la obra, pues la presa aún no estaba terminada.
Al ocurrir esto, y sin que la presa llegara a la altura mínima requerida, el riesgo de una tragedia era inminente pues si las aguas sobrepasaban la presa se generaría una avalancha nunca antes vista en la zona, indicaron expertos.
Para evitar esta situación, EPM optó por desviar el agua por la casa de máquina, el corazón de la obra, dejando este espacio inundado por más de 270 días hasta que se logró terminar la presa.
Esta contingencia retrasó por muchos años el proyecto e incluso lo puso en riesgo de no ser terminado.
Es importante recordar que, a finales del 2021, la Contraloría General de la República confirmó un fallo por $ 4,3 billones por el caso Hidroituango, en el que halló responsables a 26 personas, entre naturales y jurídicas, entre las que estaba el Consorcio CCC Ituango.
Para la Contraloría, en este caso hubo una “destrucción del valor presente del proyecto en cuantía de 3,1 billones de pesos y se originó un lucro cesante de 1,1 billones”, por lo cual el monto del fallo es de 4,3 billones de pesos.