Lucelly Ávalos vive tan alto en Medellín que si se mira hacia arriba no hay casi casas, sino solo árboles y monte. Para ir al terruño de Ávalos desde el centro de Medellín hay varias rutas: una de ellas es agarrar el tranvía con dirección a la estación Oriente, bajarse en la estación Miraflores y hacer un intercambio hacia la línea M (Trece de Noviembre) del metrocable, allí se va hasta la última estación de la línea y toma otro bus que dice ‘Enciso – Los Mangos’, se camina unas cuantas cuadras y finalmente, sube unas escaleras que dan al límite del corregimiento de Santa Elena y las primeras casas del barrio El Pacífico, comuna 8, Villa Hermosa.
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Pero la casa de Lucelly el 18 de septiembre de 2020 se fue al piso. Era pandemia y su vivienda fue una de las que más alto estaba. El sector limita al oriente con el corregimiento de Santa Elena. Al llegar al lugar se ve una canalización de una quebrada. Pequeña, un solo hilo de agua que ese día de septiembre pudo derrumbar por completo el hogar de Lucelly. En el lugar donde quedaba la casa de Ávalos hoy solo queda un colchón y algunos escombros.
Lucelly Ávalos perdió su casa el 18 de septiembre de 2020.
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Ese día de septiembre el hilo de agua de la quebrada La Rafita, aparentemente inofensivo, hizo evacuar a varias familias porque ya no solo bajaba agua a borbotones, sino que piedras y ramas de árboles. Entre esas familias estaba la de Ávalos que vio desmoronarse su casa por culpa de las fuertes lluvias que ese año hicieron crecer la quebrada. Después de perder su casa intentó acceder a los programas de subsidio de la Alcaldía de Medellín, pero al no figurar con ciertos requisitos y no encontrar una respuesta por su calidad de desplazada climática, no se quedó con los brazos cruzados y volvió a construir una nueva casa unos metros más retirada de la quebrada.
Canalización de la quebrada La Rafita.
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Ávalos es hoy vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio e intenta ayudar y dar voz a 30 familias desterradas de esta parte de la comuna por el alto riesgo con la quebrada y las avenidas torrenciales.
La palabra desplazamiento ya era conocida para Lucelly porque en 2008 huyó de Dabeiba, un municipio al occidente de Antioquia donde varios grupos armados tomaron el control. Su hijastro fue víctima de desaparición forzada y desde entonces ha tenido que luchar por el flagelo de la violencia y ahora lo tiene que hacer, pero por el mal panorama climático que no es ajeno a las grandes ciudades del país.
Los terrenos de El Pacífico a comienzos de este siglo fueron colonizados por la alta migración de personas del campo hacia la ciudad. La mayoría de las personas que conformaron el vecindario, en ese pico del oriente de la ciudad, fueron familias desplazadas por la violencia que no tenían más remedio que abandonar su casa: “Uno lo hacía por la necesidad… yo tenía cinco hijos, trabajaba en una casa y me gana de 70.000 pesos. Hace 25 años llegué a El Pacífico”, recordó Ávalos.
En ese año el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) dio la orden de evacuación de 52 viviendas, 25 definitivas, es decir, que no pudieron volver a su caso o que les están pagando un arriendo temporal que muchas veces no deciden tomar porque se niegan a abandonar el territorio.
Es el caso del presidente de la Junta de Acción Comunal, Dairo Urán, quien tiene esperanza que un proyecto, dirigido por la alcaldía, para mejorar la situación del riesgo del barrio le permita habitar su casa tranquilo y sin miedo a saber que en las fuertes lluvias que viene en los próximos meses no destruyan su casa.
Ambos, Ávalos y Urán, se rehúsan a abandonar su barrio porque no tienen confianza ni en los arrendamientos temporales ni mucho menos en una reubicación.
Una situación parecida
En el otro polo de la ciudad, al occidente, en el barrio El Pesebre, entre límites de la comuna 7, Robledo, y la 13, San Javier, se encuentra Luz Daza. Cuando le hablan del 7 y del 8 de marzo de 2022 a doña Luz se le hace un nudo en la garganta, empieza a mover los pies y se acomoda el pelo: no puede con la cantidad de sentimientos que le suscita esa época de hace dos años.
La casa de Daza queda en todo el borde de la quebrada La Iguaná, solo unas cuantas piedras y los matorrales, que han crecido desde hace varios meses, la separan del afluente. Esas fechas la quebrada tuvo una de sus crecientes súbitas más grandes jamás registradas en el sector. La casa de Daza quedó repleta de lodo, solo salvó la ropa que llevaba puesta ese día.
A lo que queda de la casa de Luz Daza, solo la separan de La Iguaná algunos matorrales y piedras.
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Si los vecinos no le hubieran brindado un techo, ese día hubiera pasado en la calle. Ese mismo día empezó su martirio, del Dagrd le dijeron: “Tiene que evacuar”, y con su rabia inundada de lodo y desazón les dijo: “Para ustedes es muy bueno venirme a decir que tenemos que evacuar. Sí, claro, tan fácil… tan fácil. Uno quedar sin nada, sin ropa sin un peso, sin comida y ustedes decirme que tengo que evacuar”.
Contó que al barrio fueron después a visitarlos desde el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) a censarlo, pero Daza se encargó de salir con un megáfono a gritar que: “ninguno nos vamos a salir”.
El temor de Luz Daza es el de muchas personas que perdieron sus casas en Medellín a las que se les ofrece un plan de arrendamiento por parte del Isvimed, que ha sido objeto de polémica por sus condiciones.
Alfonso Rúa, vecino de doña Luz tiene un negocio de modistería junto con su esposa, ha perdido mucho dinero. Parte de su maquinaría quedó llena de lodo por las avenidas torrenciales y crecientes súbitas de los últimos años de La Iguaná de los últimos años. En su taller aún cuenta con una 5 a 7 máquinas, es un primer piso y aún se distingue en las paredes el rastro que dejó el agua.
Alfonso Rúa, modista y vecino de Luz Daza.
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Alfonso no perdió su casa, pero llegó a pensar en un momento que la solución de arriendo que le ofrecía el Isvimed sería una opción frente al inminente riesgo. “Nos dijeron que teníamos que conseguir una casa con 3 alcobas, un sitio que no esté en zona de alto riesgo, estar en obra blanca y nos daban 500.000 pesos, ¿dígame usted a dónde va a conseguir eso?”, cuestionó Rúa.
Las respuestas de las entidades públicas
Diego Fernando Peña, subdirector de Conocimiento y Gestión del Riesgo se refirió al punto de El Pesebre y puntualizó en un estudio entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Eafit el cual concluyó que es una zona de alto riesgo, no mitigable y por tanto tiene una incidencia en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
El panórama del sector en el que se encontraba la casa de Lucelly Ávalos sigue siendo alarmante.
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“Nueve visitas hemos hecho y se han recomendado incluso nuevas de evacuaciones”, indicó el funcionario. Sin embargo, reconoce que por más evacuaciones que se ordenen, el territorio tiene unas dinámicas de “ocupaciones inadecuadas”, por lo que se coordinó con el Sistema de Alerta Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) un sistema comunitario de bocinas que indicaran cuándo el nivel del río sería peligroso para la comunidad.
“Nosotros hemos participado de esas mesas con Secretaría de Medio Ambiente y de Infraestructura, con el inspector de policía y ahí lo que buscamos es hacer un ejercicio en conjunto para tratar de que se cumpla lo que se definió en el estudio, son unas medidas ya restrictivas de ese uso del suelo”, revindicó el subdirector.
Por su parte, el Isvimed le detalló a EL TIEMPO que una vez haya coordinado con el Dagrd el tipo de evacuación, ya sea temporal o definitiva, procede a evaluar si las personas afectadas cumplen con el decreto 1053 de 2020 por medio del cual se reglamenta el Subsidio Municipal de Vivienda para que estas personas sean beneficiarias, inicialmente del cuestionado arriendo, y después ser beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda.
Este diario constató que para este año el Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal (SDAT) es de 562.526 pesos. “Tenemos activas alrededor de 2.691 hogares con SDAT de los cuales 1.007 llevan más de 10 años, 1.233 entre 6 y 10 años y 451 con menos de 5 años”, indicó el Isvimed.
Para El Pesebre, 94 hogares han sido beneficiarios del SDAT, de los que hay 69 hogares activos.
Críticos en el tema
Para Érika Castro, profesora de la Universidad de Medellín y experta en Derecho Ambiental, las comunidades como El Pacífico tienen una organización comunitaria muy interesante que debería ser tenida en cuenta por las autoridades. Dice que en esa zona de la ciudad crearon una mesa en la Junta de Acción comunal, pero esos diálogos se suspendieron por el cambio de funcionarios públicos o contratistas, lo que presenta una discontinuidad en los procesos.
“Es una gran debilidad institucional no tener continuidad en los equipos técnicos, como tampoco en los equipos sociales que atienden las reuniones y los espacios de participación de las comunidades”, enfatizó Castro.
Al preguntarle por si el Plan de Ordenamiento Territorial del dsitrito tiene un modelo de atención o de adoptabilidad que tengan en cuenta el cambio climático y la movilidad humana, indicó que sí tiene un modelo o “varios caminos”, pero las decisiones no son coherentes.
En los casos de desplazamiento ambiental, los escombros y restos de lo que la naturaleza arrastró son prueba de las historias que hay detrás de cada desastre.
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Es decir, lo que está en el papel como ‘Zonas de Alto Riesgo no Mitigable’ no tienen nada que ver con cómo se movilizan realmente las personas en el territorio: “Todavía no tenemos una toma de decisión que haga conciencia de cómo se van a moverse las personas internamente. El POT tiene que coordinarse con el plan de acción climática de Medellín y con la política pública de protección a moradores”, aconsejó la experta.
En ese sentido y con los pronósticos del fenómeno de La Niña con una alta probabilidad de que ocurra en el país, el panorama puede complicarse.
El Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por su sigla en inglés) reveló que en Colombia el año pasado hubo más desplazamientos por desastres ambientales con un total de 351.000 frente a los 293.000 a causa de la violencia y los conflictos armados, asimismo han sido más los desplazamientos por desastres que desde el 2008 sumaron 4,1 millones que por conflicto o violencia que alcanzó 2,9 millones a finales del año pasado.
