El pasado 15 de abril el director encargado de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) Jorge David Tamayo, denunció a través de EL TIEMPO que un poderoso entramado de individuos se estaría confabulando para obligarlo a firmar un documento que dejaría sin efectos la licencia ambiental con la que se dio luz verde para la construcción de Puerto Antioquia, uno de los proyectos estratégicos estandarte de la región y del país de cara al futuro en términos de comercio y desarrollo.
La reunión en Medellín y el documento secreto
Según lo relató, todo inició en febrero, cuando Tamayo tomó la decisión —luego de una minuciosa revisión y tras la recomendación de la Procuraduría General de la Nación— de levantar la medida cautelar que se le había interpuesto a una de las porciones de Puerto Antioquia desde finales de 2024.
Dicha medida preventiva había sido aplicada sobre el predio ‘La Presumida’, un terreno de 154.604 metros cuadrados en el que se haría la instalación de redes de transmisión para unir la subestación del puerto con la de Nueva Colonia, Turbo. El lío con esta tierra fue que unos individuos, que habían ocupado el terreno, interpusieron acciones legales para que no se llevaran a cabo dichos trabajos.
El director Tamayo reveló que luego dejar en firme la decisión, fue convocado a una reunión en el prestigioso hotel Park10 de la ciudad de Medellín por varios directivos de la corporación, encabezados por el subdirector ambiental de Corpourabá, Jonnan Alexis Cerquera, y el exsenador Julián Bedoya Pulgarín, quien habría sido el convocante de dicho ‘cónclave’.
Hotel Park 10, Medellín. Foto:Archivo particular
El propósito de esta reunión, según lo aseguró el director de Corpourabá, habría sido el de obligarlo a firmar un documento en el que se le volviera a imponer la medida preventiva a Puerto Antioquia o se le retirara la licencia ambiental de construcción al mismo. El director, en desacuerdo con lo que le expusieron, habría discutido por horas con los presentes en torno a esta decisión que le querían endilgar.
Por su parte, Julián Bedoya le aseguró a este diario que los señalamientos del director eran falsos, y sobre la reunión dijo: “Las posturas públicas de la ANLA que se refieren al proyecto Puerto Antioquia me llevaron a reunirme en un lugar público con muchas personas, entre ellas, el señor Jorge David Tamayo; en este encuentro le ratifiqué que yo no tenía nada que ver con los temas de Puerto Antioquia, pero que si me enteraba de que él estaba utilizando mi nombre para cualquier tipo de presión o favorecimiento, yo mismo lo denunciaba”.
No obstante, el director Tamayo le aseguró a EL TIEMPO que Bedoya y los demás miembros que lo convocaron a la reunión tenían listo dicho documento al cual solo le hacía falta su firma para que quedara en firme la decisión. A pesar de ello y aprovechando un descuido de los presentes, a eso de las 2 de la madrugada, Tamayo se retiró del lugar.
Sin embargo, según narró, el lunes siguiente, se presentó en su oficina y en su despacho lo estaba esperando Jonnan Alexis Cerquera, subdirector ambiental de Corpourabá, quien, con el documento previamente mencionado en mano, le habría señalado al director que tenía que firmar el ‘cierre’ de Puerto Antioquia.
Contracorriente de lo que le indicaba Cerquera, el director Tamayo no solo no firmó, sino que declaró insubsistente al subdirector ambiental.
Jorge David Tamayo, director (e) de Corpourabá. Foto:Corpourabá.
Los detalles de la resolución
EL TIEMPO tuvo acceso al documento que le habrían presentado al director encargado de Corpourabá para restringir la actividad constructiva de Puerto Antioquia.
En el documento, que consta de siete páginas, se argumenta como contexto que 11 predios que serían sujeto de la construcción de la red de transmisión de la subestación de Puerto Antioquia no entregaron en el tiempo establecido por ley los documentos de servidumbre y las constancias de enajenación correspondientes para certificar la construcción de dicha subestación.
Este es el fragmento de la resolución donde se mencionan los predios involucrados. Foto:EL TIEMPO.
En ese sentido, en el documento se señaló que vencidos todos los plazos otorgados por la corporación para la entrega de los documentos requeridos a la constructora encargada de la subestación, los representantes de la firma solo habían entregado cuatro de los mismos y a pesar de ello, se habría procedido con la construcción de las torres de energía de cualquier modo.
De acuerdo al documento, fue precisamente por este actuar que se emitió la medida cautelar en primer momento contra los titulares de la licencia ambiental, que en este caso fue la firma Puertos Inversiones y Obras P.I.O.S.A.S.
Ya en las decisiones del documento, se lee: “De acuerdo con el análisis expuesto, esta autoridad ambiental considera que existe mérito suficiente para imponer MEDIDA PREVENTIVA consistente en la SUSPENSIÓN de cualquier obra o actividad en el proyecto Línea de Conexión Subestación Nueva Colonia-Puerto Antioquia, que se desarrolla por cuenta de la sociedad PUERTOS INVERSIONES Y OBRAS P.I.O.S.A.S., en el corregimiento de Nueva Colonia, Jurisdicción del Distrito de Turbo, Departamento de Antioquia hasta tanto se dé cumplimiento de manera integral y completa a la condición prevista artículo 6. Igualmente, se le hace saber que el incumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución, dará lugar a los agravantes dispuestos en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009”.
Por lo anterior, el documento identificado como Resolución 202504161127, determina precisamente la medida preventiva suspensoria de toda actividad constructiva planteada anteriormente hasta que la constructora “dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 6° de la Resolución N’ 200-03-10-04- 2768 del 29 de diciembre de 2021, esto es, presentar las escrituras públicas y certificados de tradición y libertad donde conste la constitución de la servidumbre de los predios en cuestión, así como de los predios de propiedad privada que se requieran intervenir”.
El documento en manos de EL TIEMPO no está fechado ni cuenta con la firma del director Jorge David Tamayo, a pesar de que se dejó el espacio para ello. De igual forma, la casilla asignada para que la revisora, Yury Banesa Salas, firmara, como constancia de revisión y proyección de lo allí consignado, también está en blanco.
En el documento quedó en blanco el espacio para las firmas del director y la revisora del mismo. Foto:EL TIEMPO.
Elecciones extraordinarias
En el marco de todo lo sucedido y de la decisión del director Tamayo de declarar insubsistente al subdirector Cerquera, se desencadenaron una serie de movimientos para reintegrar al exalcalde de Carepa, quien de hecho regresó a su cargo el pasado 15 de abril.
Lo que llama la atención es que recientemente, la nueva ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, convocó dos veces a consejos directivos extraordinarios cuyo objeto es el nombramiento de un nuevo director de la corporación. EL TIEMPO estableció que durante la primera reunión siete de los 10 miembros del consejo no asistieron. Posterior a esa negativa, la ministra volvió a citar a la mesa directiva para las 9 de la mañana de este martes 22 de abril.
Según lo denunció ante este medio el director encargado de Corpourabá, el propósito de la ministra de Ambiente con el llamado insistente a elecciones extraordinarias sería el nombramiento de Jonnan Alexis Cerquera como nuevo director de la entidad. Esto, según lo denuncia Tamayo, por disposición del exsenador Julián Bedoya y ayudado por la presunta presión ejercida en el Congreso de la República por la representante liberal María Eugenia Lopera.
Convocatoria a consejo directivo extraordinario de Corpourabá citado por la ministra de Ambiente. Foto:EL TIEMPO.
Puntualmente, Tamayo señaló que: “Lo que quieren es presionar fuertemente para que Cerquera sea director de Corpourabá y así Julián Bedoya gobierne la entidad tras bambalinas, para cerrar el puerto, que es lo que realmente buscan”.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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