Desde hace algo más de cinco años, una zona del centro de Medellín recibió, por antonomasia, un sobrenombre que había definido por generaciones a uno de los lugares más míticos y temidos de la capital del país: el Bronx.
En la comuna 10 de Medellín, (La Candelaria) se encuentra la carrera 54, conocida como Cúcuta. Esta es una calle estrecha, que tradicionalmente ha estado llena de talleres de siderurgia, automotrices y pequeños locales comerciales como salsamentarías y bares.
Sin embargo, en algún punto entre el 2017 y el 2020, las dinámicas de esta angosta calle, que esta atravesada por a penas cuatro carreras, se transformaron drásticamente, rememorando las leyendas que acompañaron al famoso Bronx de Bogotá por décadas, hasta el 2016.
La realidad del Bronx
El panorama es impactante. Este recorrido que inicia en la Avenida Oriental y se adentra a través de este pasadizo a un apéndice enfermo de la ciudad, empieza a dar señales de lo que se podrá encontrar allí tras caminar un par de cuadras.
Entre la calle 57b y la 57, el panorama que se dilucida ya es bastante complejo. Escombros y restos de metal provenientes de los talleres; partes de carros y motos que son tiradas a la calle por los mecánicos; incluso, el pavimento de estas calles prácticamente se ha deteriorado por completo, evidenciado por los agujeros y el color del mismo, que asemeja al de una calle destapada.
Como si se tratara de uno de los pasillos de un gran comercio de artículos para el hogar, a lado y lado de la calle se pueden ver los productos de los talleres, incluso muebles de algunas carpinterías que también operan en la zona; puertas industriales, bañeras y rejas; escaleras, techos, laminas y vitrales; estanterías, cocinas y sillas.
Comercios y talleres del sector del Bronx en Medellín. Foto:EL TIEMPO.
El flujo vehicular se ha tornado prácticamente inviable en este sector, a excepción de unos pocos vehículos de carga que logran ingresar para poder movilizar los artículos de estos comercios, todo el tránsito por la zona se concentra en los peatones. Y también las problemáticas del mismo.
Ya en el cruce de la calle 56 con Cúcuta, la escena es escabrosa.
Pocos metros atrás de este punto ya se pueden observar los primeros rastros del Bronx: cartones, carritos de compras cargados de pertenencias, canecas de metal con marcas de fuego que indican la preexistencia de fogatas, y sobre todo, habitantes en condición de calle.
Algunos están en pequeños grupos, otros caminan de manera errática a lo largo y ancho de este pasadizo, descalzos, sin camiseta y cargando bolsas o botellas con pegante en la mano, al cual le dan una calada de cuando en cuando.
Pero el punto álgido del Bronx es el interior de la calle 56, precisamente. Es imposible calcular a ojo cuántas personas se encuentran en este lugar. Algunos se mantienen encuclillados, con la mirada hacia el piso y consumiendo sustancias. Otros, de pie, conversan en grupos grandes de personas con vestiduras viejas y desgastadas. Mujeres, ancianos y jóvenes. Son incontables las personas que habitan este sector, todos con algo en las manos.
Punto álgido del Bronx en Medellín, en el cruce de la calle 56 con la carrera 54. Foto:EL TIEMPO.
Talegos y bolsas también son un factor característico de esta calle, donde incluso se ven especies de chozas construidas con los restos de los materiales desechados por los talleres y lonas plásticas que hacen las veces de techo.
Aún con ese panorama, vendedores ambulantes y los comercios del sector siguen operando con normalidad ante el flujo, la convivencia y el consumo desmesurado de sustancias de centenares de habitantes de calle.
A raíz del panorama que se vive en esta zona de la ciudad durante los días, y que en las noches se intensifica adornado por la presencia de múltiples de fogatas que los habitantes de calle usan para generar algo de calor, un colectivo de la ciudad de Medellín presentó, en el año 2021, una acción popular contra el municipio y el ICBF para que se intervenga este sector de la ciudad.
Cientos de habitantes de calle habitan este sector de la ciudad. Foto:EL TIEMPO.
La acción popular
La primera instancia de esta acción fue presentada el 20 de enero de 2021, en cabeza del abogado Jesús Antonio Sánchez Salgado, quien, en compañía de un puñado de accionantes anexos, le reclamaron a la ciudad la necesidad urgente de intervenir el sector de la carrera 54 entre las calles 57 y 54.
En la demanda, para la que incluso presentaron una solicitud de impulso al proceso, los accionantes le piden al municipio de Medellín, Empresas Varias, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que intervengan la zona, en tanto, “la problemática se extiende en el tiempo, agravándose cada vez más la situación en el sector Medio de Control, ya que las bandas criminales que operan allá se arraigan con mayor vehemencia día tras día, y porque cada vez llega más población desarraigada y en situación de calle”.
En ese sentido, los accionantes señalaron en 2021 que: “las instituciones accionadas, como si nada, se hacen los de la vista gorda, soslayando la situación, mintiéndole al despacho, y permitiendo que la problemática se acreciente, sin ley ni control, pues sus acciones consisten en simples paños de agua tibia”.
Esta fue la solicitud de Impulso a proceso presentada por los accionantes del caso. Foto:EL TIEMPO.
En efecto, como lo previeron los demandantes, la situación en el sector se agravó en los cuatro años siguientes, dilucidándose un panorama sumamente complejo en este sector del centro de Medellín.
No obstante, el 10 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor de lo solicitado, ordenándole a las autoridades de la ciudad estructurar un espacio interinstitucional del cual se derivara un plan de acción a poner en marcha en los cuatro meses siguientes a la decisión.
En el documento emitido por el tribunal se lee: “ordénese al Municipio de Medellín, la Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las Empresas Varias de Medellín y a la Fiscalía General de la Nación que, en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este auto, disponga de un espacio interinstitucional y participativo, al cual se convoque a todas las partes involucradas en la atención del problema descrito en la demanda, entre ellas, los actores populares, por lo menos una ONG que represente o trabaje con la población en situación de calle, un representante de los comerciantes del sector y a los miembros de la Junta de Acción Comunal, con el fin de crear un calendario de trabajo conjunto, que en el plazo de cuatro meses (4), contados a partir de la primera reunión de concertación, produzca un plan integral de contingencia para intervenir la zona comprendida entre la carrera 54 y las calles 54 a 57 de Medellín, que atienda los principios, enfoques y componentes de la Política pública social para habitantes de calle, la política integral para enfrentar el problema de las drogas, otras políticas sectoriales aplicables y los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en sus sentencias frente al tema”.
Este fue el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Foto:EL TIEMPO.
¿Desacato de la sentencia?
A pesar de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, las entidades señaladas por la decisión no habrían cumplido con las instrucciones indicadas, y ello llevó a que los accionantes instauraran hasta tres incidentes por desacato contra la Alcaldía, el ICBF y Empresas Varias, además de la Fuerza Pública de Medellín.
En esa línea, los accionantes argumentaron que las instituciones se mostraron negligentes para retomar el control de la zona que está bajo el yugo de bandas delincuenciales que la han explotado con fines de microtráfico desde hace años. Además, se señaló puntualmente la responsabilidad del ICBF por su falta de acción ante la presencia de menores de edad que se encuentran en la zona en condiciones de vulnerabilidad graves.
El proceso se extendió por años hasta que finalmente, el pasado 10 de abril, el Tribunal de Antioquia declaró en desacato de la sentencia a la Alcaldía de Medellín y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, imponiéndole una multa de tres salarios mínimos a sus representantes (Federico Gutiérrez y Jorge Iván Montoya Vélez) y se le remitió el caso al Consejo de Estado para que tome una decisión final al respecto de la acción popular que ya cumplió 3 años desde su primer fallo.
Auto del Tribunal de Antioquia que declaró en desacato a la alcaldía de Medellín y al ICBF. Foto:EL TIEMPO.
EL TIEMPO consultó a la Alcaldía de Medellín por el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia y desde la administración distrital señalaron: “Estamos revisando la decisión con el fin de interponer los recursos correspondientes, toda vez que la Alcaldía ha realizado todos los esfuerzos por acatar las órdenes judiciales, en coordinación con la Fiscalía, la Policía, Emvarias y todas las entidades vinculadas a la problemática del sector”.
La Alcaldía incluso señaló la responsabilidad del ICBF y al Gobierno Nacional en cuanto a la falta de acción de cara a la intervención de la zona: “Sin embargo, el Tribunal hace un llamado de atención al Gobierno Nacional, el cual también hemos hecho al ICBF, para que asuma sus obligaciones con la niñez. Incluso, la Procuraduría los ha requerido sin que, hasta el momento, se haya obtenido respuesta”.
La vocería de la Alcaldía concluyó señalando: “La decisión no está en firme y debe ser el Consejo de Estado quien resuelva el asunto. Como siempre lo hemos manifestado, somos respetuosos de las órdenes judiciales, y todo lo que esté dentro de la competencia del Distrito de Medellín se acatará, como lo hemos hecho hasta ahora”.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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