El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación administrativa y formuló cargos contra Juan Carlos Upegui, excandidato a la Alcaldía de Medellín, y su jefe de campaña, Juan Pablo Ramírez Álvarez por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral para los comicios regionales de 2023, en los que Federico Gutiérrez terminó alzándose como vencedor.
La investigación procede en seguimiento al radicado CNE-E-DG-2023-043713, elaborado, inicialmente, a partir de la denuncia de un ciudadano identificado como David Toledo Ospina, quien denunció que se usaron recursos del erario público de Medellín para financiar la campaña electoral de Upegui a la alcaldía.
Contratos y aportes
En la denuncia, remitida al CNE por el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral de la entidad en el Departamento de Antioquia, se señala que en la Alcaldía de Medellín ―en ese entonces en cabeza de Daniel Quintero― habría celebrado un contrato con la Universidad de Antioquia ―una imprecisión del la denuncia del ciudadano, en tanto el convenio se realizó con la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín― por 9.050 millones de pesos, cuyo objeto real habría sido realizar material para la campaña electoral de Upegui.
Contrato interadministrativo 4600097003 suscrito entre el Distrito de Medellín y la U. Nacional. Foto:EL TIEMPO.
EL TIEMPO verificó el objeto del contrato interadministrativo 4600097003 del 13 de febrero de 2023, y estableció que su propósito era “la gestión de estrategias enmarcadas dentro del pilar de gobernanza de las comunicaciones”.
La polémica que rodea a este contrato, que incluso se derivó en una investigación interna posteriormente anunciada por el entonces rector de la universidad, Juan Camilo Restrepo Gómez,―quien en los documentos del contrato aparece aprobándolo― puesto que en los entregables del convenio habría aparecido una carpeta con material de propaganda política de varios candidatos del partido Independientes, incluido Upegui.
A la denuncia del ciudadano, se sumó la realizada por el actual representante a la Cámara por Antioquia Hernán Darío Cadavid Márquez, el 1 de noviembre de 2023, radicada bajo el consecutivo CNE-E-DG-2023 – 062662. En dicho documento, Cadavid denunció, del mismo modo, la existencia de presunta financiación ilegal en la campaña de Upegui.
El señalamiento lo sustentó, según quedó consignado en el proceso del CNE, argumentando que: “En la mencionada campaña, presuntamente recibieron donaciones provenientes del erario, contratistas y servidores públicos del Distrito de Medellín, violando lo establecido en el artículo 396ª de la Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano; y lo regulado en el artículo 27 de la Ley 1475 del 2011”.
En los documentos aportados por el representante Cadavid, yace una lista de 14 individuos que habrían sido contratistas del Distrito de Medellín y que posteriormente, habrían donado dinero a la campaña de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín.
Lista de donadores a la campaña de Juan Carlos Upegui señalados por el representante Cadavid. Foto:EL TIEMPO.
En los folios aportados por el denunciante, se anexaron documentos que darían constancia de al menos 76 contratos vinculados por estos 14 individuos con entidades públicas, lo cual, generaría un impedimento para que estas personas realizaran donaciones a la campaña de Upegui, según está indicado en el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.
Además, entre el acervo probatorio reunido por el CNE, también se tomaron en consideración las denuncias realizadas por el también excandidato Felipe Vélez Roa, quien señaló a Upegui de incurrir en aparentes eventos de despilfarro rampante de dinero, los cuales expuso sustentó así ante la autoridad electoral:
“Caravanas de camionetas blindadas, de las que nadie sabe el origen de los recursos que las financian, invitaciones a sancochos, regalos, músicos y montajes ostentoso en todas sus apariciones públicas y hasta concierto con el Combo de las Estrellas, un grupo de música tropical muy reconocido en la ciudad… La pregunta que hoy se hace gran parte de la ciudad, incluyéndome, es de dónde sale tal cantidad de recursos (económicos y humanos) para campaña, hasta dónde constituyen en una dádiva y cómo van a salvaguardarse los topes electorales a los que la ley obliga con tal despilfarro”, cuestionó Vélez Roa.
Investigación preliminar y formulación de cargos
Tras recabar dichas denuncias, el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, ordenó, mediante auto del 15 de febrero de 2024, indagar preliminarmente la existencia de contribuciones contrarias a lo dispuesto en los numerales 6 y 7 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.
Articulo 27 de la Ley 1475 de 2011. Foto:EL TIEMPO.
En ese sentido, las bases iniciales de la investigación adelantada por el CNE giraba en torno al actuar de la campaña de Juan Carlos Upegui con respecto a tres presuntos hechos en particular:
“Recibió recursos del erario a través de un contrato interadministrativo celebrado entre dicha Alcaldía y una institución educativa; se aprovechó de actividades del Estado para auspiciar su campaña y realizar propaganda electoral en ese ejercicio; y, permitió aportes de personas que desempeñaban funciones públicas y de personas cuyos ingresos en el año anterior se originaron en más de un 50 por ciento de contratos estatales”, se lee en la resolución N. 01250 del 20 de marzo de 2025.
Así y posterior al análisis del acervo probatorio, el CNE decidió abrir cargos contra Juan Carlos Upegui por “permitir presuntamente la financiación de su campaña electoral con fuentes de financiación prohibidas consagradas en el numeral séptimo (7) del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, debido a la recaudación de donaciones originadas de personas naturales cuyos ingresos en el año anterior a dicha contienda se originaron en más de un cincuenta por ciento (50%) de contratos estatales”.
Resolución N° 01250 del 20 de marzo de 2025. Foto:EL TIEMPO.
Mismo cargo le fue formulado a Juan Pablo Ramírez, como gerente de la campaña de Upegui, y al movimiento Independientes ―en liquidación tras la pérdida de personería jurídica sobrevenida de la expedición de la sentencia de nulidad del 16 de mayo de 2024― como figura responsable de dicha campaña.
En la resolución se dejó constancia de que se le concedieron 15 días a los investigados para “la presentación de descargos respecto de los cargos formulados, así como para aportar y solicitar las pruebas que pretendan hacer valer”. Dicho plazo concluyó el pasado 5 de abril.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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