Después de que el pasado 8 de noviembre, la Gobernación de Antioquia presentó el proyecto con el que busca recaudar financiamiento para la seguridad del departamento a través de un gravamen al impuesto de la luz, las predicciones con respecto a si el proyecto pasará o no empiezan a revelarse.
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De hecho, este sábado 23 de noviembre los integrantes de la duma adscritos al partido Creemos, movimiento político del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicaron un comunicado en el que oficialmente rechazan el proyecto de la gobernación, adhiriéndose a la postura que Empresas Públicas de Medellín (EPM) expuso, en donde consideran que el proyecto no es jurídicamente viable.
En la misiva, la bancada de Creemos señala que EPM explicó que existe un riesgo de vulnerar en la legalidad tributaria al facturar y recaudar este impuesto, lo que a su vez hace que eventualmente sea nulo.
Sin embargo, a pesar de la negativa del partido, esta colectividad propuso varios métodos para poder alcanzar el financiamiento necesario par fortalecer la seguridad en el departamento, independiente del recaudo a través de impuestos públicos, en tanto consideran que estos no deben ser el medio de recaudo de dineros adicionales.
Las propuestas planteadas por el partido Creemos son 5:
- Implementación y fortalecimiento del modelo de obras por impuestos, en coordinación con el gremio empresarial y entidades como Empresas Públicas de Medellín (EPM), que permita destinar hasta el 50% del impuesto de renta, lo que equivaldría 8 obtener más de $300.000 millones al año, dependiendo de las utilidades reportadas anualmente. Este modelo impactará positivamente a los 55 municipios PDET y ZOMAC de Antioquia.
- Articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con alrededor de $150.000 millones, aprobados por el presidente de la Junta Metropolitana, Federico Gutiérrez Zuluaga, para invertir en proyectos de seguridad en los municipios de la región.
- Fomento de alianzas público-privadas (APP) para la ejecución de obras de infraestructura necesarias, como los $194.000 millones destinados a la construcción y operación de una nueva cárcel departamental.
- Venta de activos improductivos del departamento, con base en la Ordenanza No15 de julio de 2024. Esto permitiría destinar hasta el 85% de los ingresos obtenidos como recursos de libre disposición para financiar inversiones prioritarias en seguridad y convivencia.
- Reestructuración del Proyecto de Ordenanza No 60, que contempla un empréstito de $1.6 billones, para garantizar su viabilidad y enfoque estratégico.
La bancada de Creemos, que cuenta con 5 de los 26 escaños de la Asamblea Departamental, también argumentó que consideran que este impuesto podría desencadenar en un deterioro de la cultura de pago en el departamento.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro también criticó el proyecto de la Gobernación a través de su cuenta de X.
El mandatario publicó el siguiente mensaje: “un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo. Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajadores en Antioquia”, señaló el presidente Petro.
Un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo.
Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajdore(a)s en Antioquia.
Mientras ponen impuestos a la luz en Antioquia, el…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2024
La respuesta del Gobernador
Horas después de la publicación del Presidente de la República, el gobernador Andrés Julián Rendón replicó al mensaje en defensa del proyecto propuesto por su administración.
“Presidente, en Antioquia hacemos que las cosas pasen. Actuamos pensando en el bien común y justo por eso fui elegido por los Antioqueños”, inició diciendo el Gobernador.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
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Y continuó: “la tasa de seguridad planteada se hace necesaria para invertir en los rubros de seguridad que abandonó la Nación, al menos en nuestro Departamento: tecnología como complemento a una reducción drástica del pie de fuerza; dignidad locativa y movilidad segura para nuestros soldados y policías; cárceles para reducir el hacinamiento; y convivencia”.
Además, el mandatario del departamento agregó: “de su pago estarían excluidos 85% de los habitantes residenciales, pertenecientes a los estratos 1,2 y 3. Cerca del 60% de pequeñas industrias y comercios pagarían menos de $30 mil/mes como contribución”.
Al respecto, el gobernador Rendón finalizó explicando que un aumento al impuesto energético no respondería a la tasa propuesta en su proyecto, sino a una eventual escasez energética.
“Ahí el causante sería la escasez que, Dios quiera no llegue, tiene origen en su odio a las hidroeléctricas y los proyectos de hidrocarburos”, señaló Rendón.
Finalmente, el Gobernador aprovechó y lanzó una pulla al presidente con respecto a su decisión de mantener el cese al fuego con grupos al margen de la ley.
“Un apunte final: ya que no levanta el cese al fuego, no se oponga a la fuente que dotaría a nuestros soldados y policías de la protección para que no los asesinen como en Anorí o Valdivia”, concluyó el gobernador de Antioquia.
¿Cómo funcionaría el proyecto?
La propuesta presentada por la Gobernación de Antioquia plantea establecer un impuesto para seguridad; en esencia, se pretendía gravar a los estratos 4,5 y 6 a través de los servicios públicos de manera proporcional según su capacidad de consumo.
Este es un ejemplo del modelo de cobro que se aplicaría al impuesto de la luz para la tasa de seguridad propuesta por la Gobernación de Antioquia.
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En su momento, el gobernador Rendón le explicó a EL TIEMPO que se trata de una figura habilitada para todos los departamentos del país con la cual, se grava, precisamente, la suscripción a un servicio público domiciliario, en el caso de Antioquia, la administración optó por la energía.
“Se grava la suscripción del servicio público de energía para sector residencial con tarifas por estrato, por ejemplo, el estrato 4 paga 10.000 pesos mensualmente, el estrato 5 paga 14.000 pesos y el 6 paga 18.000 pesos. Por su parte, los pequeños comercios empiezan pagando en función del consumo. Los que consuman menos de 400 kilovatios hora/mes pagarían menos de 20.000 pesos, y la tarifa va subiendo hasta los grandes consumidores de energía que pagarán una cifra mayor, es muy progresivo en función de la capacidad económica de los hogares y sobre todo en función del consumo de energía de los negocios”, aclaró Rendón.
En concreto, el gobernador proyecta que el dinero que se recaudaría con este proyecto se invertiría en adecuaciones tecnológicas en los sistemas de seguridad del departamento de Antioquia, infraestructura para la Fuerza Pública, dotación del Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura (EMPAS), la construcción de una cárcel departamental y la adecuación de alrededor de 5.000 escenarios deportivos en el departamento.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
