Se cumplió el primer año de la llegada de Andrés Julián Rendón a la Gobernación de Antioquia después de haber recibido el apoyo de 944.239 antioqueños en las urnas.
Durante estos días de mandato, recuerda el funcionario, ha tenido que lidiar con situaciones difíciles, pero también ha tenido momentos de satisfacción, como la entrega por parte del Gobierno Nacional de uno de los tramos de Túnel de Toyo para poder avanzar en esta obra que conectará al Valle de Aburrá con el mar de Antioquia.
En medio de ese panorama, cargado de luces y sombras, EL TIEMPO dialogó con él sobre cómo han sido estos 12 meses y lo que les espera al departamento.
¿Cómo ha estado la seguridad en este año?
Ha sido un año desafiante en ese menester, no solo por cuenta de lo que nos toca encarar a nosotros aquí como problemas de orden público, consecuencia directa de una política equivocada del Gobierno Nacional de la paz total.
La paz total le ha amarrado a la Fuerza Pública las manos, toda vez que con esas disposiciones del cese al fuego imposibilita que ellos puedan actuar con mucha más contundencia en contra del crimen y el delito. Los bandidos cambian de brazalete y juegan con eso para imposibilitar una confrontación directa con la Fuerza Pública y eso nos ha traído como consecuencia que otra vez estemos viviendo problemas de orden público parecidos a los de hace 20 años: confinamientos, desplazamientos, extorsiones. Este año nos mataron 28 uniformados en esas confrontaciones, cayendo en campos minados.
Hemos hecho 26 denuncias al mecanismo de verificación, pero el Gobierno Nacional ha hecho oídos sordos a esa petición que hemos hecho tratando de esbozar desde Antioquia de por favor detener el cese al fuego, desamarrarle las manos a la Fuerza Pública y permitir que se combata el crimen y el delito.
¿Cómo finaliza el año en cuanto a delitos?
Terminamos el año con un balance relativamente positivo en cuanto a la medición de la criminalidad se refiere, con caídas casi en todos los hechos delictivos. Yo diría que salvo la extorsión. Una caída en el homicidio, cercana al 5 por ciento, pero igual importante, pero por cuenta de los problemas de orden público, con una percepción de inseguridad que por supuesto intuyo yo, no es más adecuada en los distintos rincones del departamento, sobre todo porque de alguna manera el ver en las noticias hechos que hacían parte del pasado y que hoy vuelven a ponerse sobre la mesa, en cuanto a las afectaciones de orden público, deteriora la percepción de seguridad, así la tasa de victimización sea muy parecida a la del año inmediatamente anterior.
¿Cómo va el tema de la inseguridad alimentaria en el departamento?
Con el programa Arrullos, que es un programa de choque para sacar de la desnutrición a madres gestantes y niños menores de 5 años, hay resultados importantes para destacar. Ahí por lo menos tenemos que registrar que desde el 25 de julio a la fecha no se registra muerte alguna en menor de 5 años asociadas nutrición, y hemos repartido cerca de 400.000 paquetes alimentarios para contrarrestar los problemas de hambre en otros grupo poblacional que es el de los mayores, el de los adultos mayores que envejecieron por cuenta de la informalidad en Colombia, sin pensión alguna y sin con qué comprar rutinariamente la canasta básica de alimentos
Los problemas de inseguridad alimentaria se sufren con mayor rigurosidad en el Urabá y en el Bajo Cauca antioqueño, y sobre todo en las poblaciones que están en la ruralidad dispersa, poblaciones indígenas.
Lo que ha hecho el programa Arrullos, que es un programa que lidera y que se trabaja en el despacho de la Primera Dama, la Secretaría de Salud, la Gerencia Infancia y Adolescencia, es ir a buscar a lomo de mula y en riberas como la del Atrato a los niños indígenas y a los niños que están en la población rural dispersa para darles alimentos y rescatarlos de esa situación de nutrición.
Es un trabajo muy bonito, me han contado y he podido registrar labores de ellos muy abnegadas, por ejemplo, de 6 horas en mula, 6 horas en lancha, hasta encontrar a uno o dos niños que necesitan alimento de rescate para evitar que se nos vaya de esta vida.
Usted durante gran parte del año tuvo una fuerte discusión con el Gobierno Nacional por el Túnel del Toyo ¿cuál será el futuro de esta megaobra con la cesión lograda?
Se viene invertir en el primer tramo que nos cedieron, se necesita una inversión de 330.000 millones de pesos. Ya nosotros contratamos la interventoría que era el primer requisito para asumir la cesión del contrato a cargo del Invías. A partir de este año nosotros ya tenemos que contar con siquiera la mitad de sus recursos, unos 160.000 o 170.000 millones de pesos para ponérselos a ese primer tramo.
Yo voy a utilizar la capacidad de crédito de la Gobernación de Antioquia en poner esos recursos. Nos hace un hueco grande en otras áreas, pero nosotros no podemos dejar que una obra icónica como esa, que le habrá de servir tanto a la competitividad del país, se convirtiera en un elefante blanco.
En ese sentido, ¿cuándo se podría usar?
El túnel ya está listo, lo que faltan son sus obras de conexión, digamos, desde Santa Fe Antioquia y saliendo ahí en Cañasgordas, hacia el Urabá antioqueño, hacen falta las obras básicamente a cargo de la Nación que se puede tardar unos 18 o 24 meses.
¿Qué se sabe de Puerto Antioquia?
Puerto Antioquia podría estar funcionando antes de terminar la primera mitad de este año. Ahí ha habido unas dificultades que les han aparecido en escena recientemente con gente que se convierte en enemiga del proceso y que quiere fastidiar. Hemos estado ayudando para que las cosas se puedan sortear, pero hay otras obras de infraestructuras muy importantes que podemos destacar.
¿Cuáles son esas?
Por ejemplo, el segundo tramo del Túnel de Oriente que es una obra que concesiona la Gobernación y que por cuenta de un buen rendimiento en su primera fase se puede proceder antes del tiempo estimado a hacer el segundo tablero y en consecuencia consolidar el segundo túnel. Esta es una obra de más de un billón 200 mil millones de pesos.
Ya se firmó ese contrato y deberá estar listo antes de terminar el año 2027. También está el intercambio vial sobre el aeropuerto José María Córdova, una obra que supera los 100.000 millones de pesos. Creo que debe estar terminando más o menos hacia febrero o marzo del año entrante y unas intervenciones rutinarias que hacemos, pues en materia de infraestructura vial secundaria.
Retomando el tema de la seguridad, en el departamento hay presencia de Eln, disidencias, ‘clan del Golfo’ y bandas locales, ¿qué se puede hacer con tanto grupo regado?
Yo creo que será muy importante que el Gobierno comprenda que más temprano que tarde que la paz no se consolida contemporizando con el crimen sino imponiéndola con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales.
Nosotros ahí tenemos una diferencia grande con el Gobierno Nacional, pero tenemos una coincidencia, por ejemplo, con lo que ha venido proponiendo el ministro Cristo de los pactos territoriales, con buscar que las oportunidades sociales, a través de los recursos de regalías, del OCAD Paz, lleguen a consolidar el desarrollo en las zonas más apartadas del país y por supuesto de Antioquia.
En esas estrategias de seguridad, la Asamblea departamental aprobó la tasa de seguridad y convivencia, ¿cuándo se podría empezar a ver esa inversión?
Desde ya estamos trabajando en eso, por ejemplo, la semana pasada recibimos una infraestructura carcelaria en Titiribí para 50 personas privadas de la libertad, vamos a, con recursos del Fondo de Seguridad del departamento, que son los que habrá de nutrir eventualmente la tasa, a dotarla y a ponerla en funcionamiento con vigilancia privada, para que la Policía de Titiribí pueda estar en la calle y no cuidando a las personas privadas de la libertad.
Es que hoy parte del problema que también tenemos en seguridad es que tenemos la mitad de la Policía que teníamos hace 15 años, la Séptima División hace 15 años tenía 30 mil soldados, hoy tiene 20 mil, entonces nosotros necesitamos complementar ese esfuerzo con tecnología y que aún los pocos hombres que están en guarniciones militares y policiales puedan estar en la calle combatiendo el crimen, el delito y generando una situación de seguridad diferente y no cuidando presos, eso lo vamos a asumir con recursos de la tasa.
¿Ya se definió quién la va a cobrar?
Lo vamos a hacer con Valor +, una entidad del IDEA, es decir, una entidad vinculada a la Gobernación de Antioquia que entre otras cosas le cobra cerca de un tercio los impuestos prediales, industria y comercio del distrito de Medellín y ellos tienen una buena tecnología, una buena capacidad operativa para hacernos la recolección de la tasa.
¿Qué se viene para la Universidad de Antioquia y lograr sanar las finanzas?
La Universidad tiene de un problema que tiene origen en dos causas. Una primera es una muy estructural, cuya definición sólo pasa por el resorte del Gobierno Nacional, que es modificar el decreto que tiene unos incentivos, a mi modo de ver perversos, relacionados con la producción científica y que es la que tiene a un buen número de profesores de las universidades públicas del país con salarios y con remuneraciones que superan los 100 millones de pesos, porque les terminan pagando de por vida cualquier publicación que hagan en revista indexada, eso lo tienen que corregir el Gobierno Nacional.
Ahora, hay otra causa que es una causa más administrativa en la que pueden actuar desde ya con contundencia las autoridades de la Universidad Antioquia, que es a lo que nosotros lo hemos invitado.
La Universidad de Antioquia tiene hoy unas erogaciones en personal de planta que no superan los 300.000 millones de pesos, buena parte de sus profesores de planta, de tiempo completo, destinan menos de un 15 por ciento a horas docente. En cualquier otra latitud, en cualquier otra universidad podrían destinar hasta un tercio de su tiempo, por otro lado usted tiene que como sus profesores de planta no dan las horas docencia requeridas, entonces a la Universidad le toca salir a contratar cátedra, y esos contratos de cátedra, en distintos órdenes, pueden sumar al año una cifra cercana a los 400.000 millones de pesos, el problema, el faltante de caja de la Universidad, es de 170.000 millones de pesos, qué quiere decir eso, que si usted pone a los profesores de planta a que siquiera destinen un tercio de su tiempo a dar clase, inmediatamente reduce la necesidad de contratar horas cátedra, en consecuencia alivia el problema de caja.
Nosotros qué hemos hecho con la Universidad, le adelantamos casi todo este año los pagos y fuera de eso, cuando ninguna entidad financiera les prestaba para cubrir un faltante de caja, el IDEA le hizo un crédito en tesorería por 90.000 millones y aún más, les dijimos que por cada dos tercios del problema de caja que resuelvan, nosotros completamos un tercio restante, es decir, si ustedes de un faltante de caja de 100 pesos lo resuelven en cerca de 70 pesos, nosotros complementamos los 30 restantes.
¿Sería para apaciguar la situación?
A la Universidad le falta mucha contundencia interna para resolver el problema, ellos parecen no estar todavía muy sintonizados con que realmente tienen un problema que necesita que se tomen decisiones de fondo y que son los que administra la Universidad los únicos competentes para tomarlo, los demás podemos ayudar, pero nunca de la manera tan contundente como pueden ayudar los que están al frente de la Universidad.
El alcalde de Medellín habló de apoyar y dialogó con usted, ¿eso sigue en pie?
El alcalde ha mostrado muy buena voluntad en eso, lo que pasa es que el alcalde también hace un esfuerzo grande con otros instituciones a cargo del distrito, y la verdad es muy difícil, es muy difícil por más que uno quiera la Universidad. Uno hace un esfuerzo de quitarle plata a un sector, porque todo lo que usted saque de un lado, pues implica que está descobijando algo para meterlo al otro, cuando uno no ve por parte de las autoridades de la Universidad, la mejor disposición por resolver el problema.
Es determinante que los ciudadanos entiendan que nosotros hacemos un esfuerzo fiscal muy grande por la educación superior pública, donde la Universidad se lleva una buena parte y que lo mínimo que nosotros podemos pedir como representantes de los antioqueños es que la Universidad haga la tarea de ajustarse, apretarse el cinturón y poner a sus profesores casi que a cometer una perogrullada que es a dar clase, eso me parece que es fundamental tenerlo presente.
LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Periodista de Nación
Medellín