Durante al menos 10 meses, un grupo constituido por seis personas ingresó a diferentes fincas del norte del Valle de Aburrá con el objetivo de robar a sus propietarios, además de los bienes que allí encontraran.
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Este grupo se especializó en las fincas recreacionales del municipio de Copacabana, y según el reporte de las autoridades, cuando ingresaban a las propiedades se presentaban como integrantes de un grupo armado ilegal.
La Policía también confirmó que estas personas entraban fuertemente armados a las fincas, para así amenazar a los propietarios y despojarlos de sus pertenencias.
Los capturados
En el proceso registrado por hurto calificado y agravado ante el Juzgado 1 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bello, aparecen como implicados en los hechos Kevin Sebastián Álvarez Guerra, Yeison Stiven Bustamante García, Johan Stiven Palacio Montoya, Robinson Posada Cañas, Brayhan Alexánder Ocampo Molina y Juliana Gallego Arias.
Las versiones recibidas por las autoridades tenían como factor común que el grupo de ilegales afirmaba estar en búsqueda de una caleta al ingresar a las propiedades, esto en línea con su presunta vinculación con un grupo armado ilegal.
Según las pesquisas de la Policía, los implicados habrían operado entre mayo de 2023 y febrero de 2024; en ese lapso de tiempo, habrían robado a por lo menos 30 víctimas, acumulando un total superior a los 340 millones de pesos entre dinero (en efectivo y digital) y pertenencias (joyas, prendas, dispositivos y vehículos).
Al momento del cierre de esta edición, en el proceso adelantado, solo se les sindica por delitos contra el patrimonio económicos, específicamente por hurto agravado y calificado, sin embargo, las autoridades están reuniendo el material probatorio para agregar cargos por secuestro y porte ilegal de armas de fuego.
Específicamente, las autoridades se enfocan en hechos sucedidos en septiembre de 2023, cuando el grupo ingresó a una finca en la que se estaba realizando una fiesta y amarraron a los 19 participantes de la celebración, los encerraron en una habitación y hurtaron activos superiores a los 160 millones de pesos.
A cinco de los capturados se les impuso medida de aseguramiento en centro de detención carcelario, mientras que Juliana Gallego recibió el beneficio de prisión domiciliaria.
