Alcaldía de Medellín tiene luz verde para vender las acciones de EPM en TigoUNE, Concejo aprobó la enajenación

En un ambiente caldeado por los asistentes y tras largas horas de debate, el Concejo de Medellín aprobó este miércoles 21 de agosto el Proyecto de Acuerdo 12 de 2024 ‘Por medio del cual se autoriza la enajenación de unas participaciones accionarias, y se dictan otras disposiciones’, que busca autorizar a EPM para enajenar su participación accionaria en UNE e Invertelco.

De los 21 concejales, 16 votaron positivo y cinco negativo. Quienes se opusieron a la iniciativa fueron los concejales Farley Macías, José Luis Marín, Juan Carlos Upegui, Juan Ramón Jiménez y Brisvani Arenas.

La sesión empezó como estaba programada hacia las 9:00 a. m. de este miércoles y como pasó en las últimas sesiones referente al Proyecto de Acuerdo el recinto de debate se volvió un cúmulo de arengas con voces en contra y a favor.

Los resultados también fueron contundentes en el primer debate realizado en el que con seis votos a favor y uno voto en contra, el proyecto fue aprobado.

Brisvani Arenas Suaza, único concejal de los siete de la Comisión que dio su voto negativo al proyecto, manifestó que su decisión está basada en cuatro argumentos: tiempos, posturas técnicas, certeza de la destinación del recurso y autonomía de su curul.

“Observamos falta de socialización, estudio y tramite, hasta la fecha solo se han realizado 2 sesiones plenarias, es un tema de gran importancia ya que se pretende privatizar la tercera empresa de telecomunicaciones del país. Es esencial contar con una valoración externa especializada antes de aprobar este Proyecto, el principal motivo de votar en contra es la destinación de los recursos obtenidos”, expresó, inconfrome, el concejal por el Partido Conservador.

Por su parte, uno de los concejales que desde le principio marcó su defensa al proyecto desde los primeros instantes del segundo debate, señaló que los que se han opuesto a la enajenación tienen una visión totalitaria del Estado. Además, agregó que desde hace 30 años se está recomendando salir del mercado de las comunicaciones.

El gerente general de Empresas Públicas de Medellín, John Maya Salazar, reivindicó su posición al afirmar que fue una decisión que le permite a EPM concentrarse en el desarrollo y crecimiento de sus negocios estratégicos en generación, transmisión y distribución de energía, provisión de aguas, gestión de aguas residuales, gas natural, residuos sólidos y nuevas soluciones, entre ellas energía solar, biogás e hidrógeno, con la prestación de servicios públicos con calidad, continuidad, cobertura y disponibilidad. 

“Con los recursos de la enajenación podremos hacer realidad iniciativas que contribuyan al desarrollo de los territorios en los que tenemos presencia y, sobre todo, que aporten al bienestar de la gente y mejoren su calidad de vida”, agregó el gerente de EPM.

Lo que sigue

Con la aprobación del Concejo de Medellín, el Proyecto de Acuerdo 12 de 2024 será trasladado para sanción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y posterior publicación en la Gaceta Oficial del Distrito, para que empiece su vigencia como acuerdo distrital.

Asimismo, la Ley 226 de 1995 dicta que el trámite para la enajenación de participaciones del Estado en sociedades establece estas etapas:

Las acciones se deben ofrecer a los destinatarios de condiciones especiales (trabajadores activos y pensionados de la empresa; asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones, entidades cooperativas, entre otros).

El plazo para realizar o materializar la venta estará definido en los programas y reglamentos de enajenación correspondientes, donde se establecerá el precio de venta base de las acciones, en desarrollo de la primera etapa de la Ley 226 de 1995

El precio de venta base de las acciones se sustentará en un estudio técnico que hará Empresas Públicas de Medellín.

La siguiente etapa está dirigida al público en general. Es importante destacar que en estas etapas puede haber diferentes personas naturales y/o jurídicas interesadas en participar y en adquirir acciones de UNE e Invertelco.

Finalmente, Millicom tiene la posibilidad de adquirir directamente las acciones de EPM en UNE. Si esto no ocurre, existe la probabilidad de adelantar una oferta conjunta al público en general del 100 % de las acciones de UNE propiedad de EPM y Millicom.

Si EPM completa la venta de las acciones en la segunda etapa, los recursos podrían entrar al presupuesto de la Empresa a finales de 2025. Entre tanto, si la enajenación se lleva a cabo con la cláusula de protección del patrimonio público, los recursos podrían llegar a finales de 2026 o inicios de 2027. 

Los antecedentes de la autorización

Federico Gutiérrez, quien también es el presidente de la Junta Directiva de EPM, radicó el pasado 22 de julio el proyecto de Acuerdo que le permita vender dicha participación accionaria.

Es importante recordar que el exalcalde Daniel Quintero intentó llevar en más de cinco ocasiones esta iniciativa a la Corporación, que no permitió que dicha venta se diera, aunque allí primaron las razones políticas sobre las técnicas, ya que muchos de los concejales que se opusieron argumentaron falta de confianza con la entonces alcaldía.

Es importante recordar que la participación accionaria de Tigo-UNE está dividida en un 50 por ciento más una acción para EPM y el restante para la multinacional Millicom.

Sin embargo, por un acuerdo suscrito en 2013, esta última quedó como socio controlante de la empresa, lo que para muchos expertos esta decisión fue un error.

A comienzos de marzo, el Concejo debatió la situación de esta empresa y allí se reveló que las pérdidas al cierre del 2023 fueron de 1,1 billones de pesos.

Esta situación fue uno de los principales argumentos de quienes estuvieron a favor de vender, ya que ha sido una inversión que no ha generado las utilidades esperadas, sino todo lo contrario.

De hecho, en los debates hechos durante la administración Quintero, la entonces concejala María Paulina Aguinaga reveló que las pérdidas superaban los 703.000 millones de pesos entre 2015 y 2020.