ingresaban al país dineros provenientes de Panamá

la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Domino, ocupó 13 bienes. Se trata de 2 inmuebles rurales, 7 urbanos, 2 vehículos, 1 sociedad y 1 establecimiento de comercio ubicados en Medellín y San Jerónimo (Antioquia), y Palmira (Valle del Cauca) cuyo valor alcanza los 4.067’415.504 de pesos.

Estas propiedades se encontraban en titularidad de Paula Andrea Gutiérrez Ramírez, capturada en diciembre de 2023 por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y de uno de sus familiares.

Estos dineros harían parte del patrimonio ilícito de una organización familiar ilegal denominada ‘Los Viajeros’, que entre 2010 y 2019 ingresó al país millonarios capitales mediante la modalidad de fraccionamiento o ‘Pitufeo’.

Según las investigaciones, se hallaron operaciones por varios depósitos de dinero en efectivo por parte de la señora Paula Andrea Gutiérrez y sus familiares, quienes registraron fraccionamiento de dinero proveniente de Panamá, el cual no pasaba por los canales financieros normales.

Esta modalidad consiste en una tipología de lavado de activos en la que los delincuentes fraccionan o dividen en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos mayores de dinero.

El trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Dijín de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad Interior de Francia evidenció cómo los integrantes de la estructura ilegal viajaban constantemente a Panamá y regresaban a Colombia con elevadas sumas de dinero en efectivo, sin que las mismas superaran los topes para tener que ser declaradas.

Una vez en Colombia los presuntos integrantes de la organización ilegal realizaban depósitos en efectivo a cuentas bancarias de quien sería la cabecilla de la red criminal, al igual que a las de una sociedad fachada dispuesta para dar apariencia de legalidad a dichos recursos.

Labores de policía judicial evidenciaron que las consignaciones eran realizadas en una misma sede bancaria o en sus sucursales durante varios días. La norma trazada por los cabecillas de la red ilegal determinaba que los depósitos no podían superar los 10 millones de pesos. Así eludían el diligenciamiento de formatos relacionados con la declaración de operaciones, y de paso evitar explicar el origen de los recursos.

La Fiscalía determinó que parte de las sumas que ingresaban al territorio nacional de manera irregular, eran usadas en la compra de bienes muebles e inmuebles, al igual que para la creación de empresas con lo cual se configuraría el blanqueo de capitales.

Las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organización, a quienes les fue imputado el delito de lavado de activos.

Uno de los procesados tenía empresas en Londres. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

Este entramado de lavado de activos logró ingresar ilegalmente al país y al sistema financiero más de 2.000 millones de pesos a través de montos consignados por cada uno de los integrantes de la organización.

Entre los informes estuvo la empresa Pavea S.A.S, dineros que finalmente terminaban en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, con el fin de dar apariencia legal al capital traído del exterior, que no era declarado en los formatos establecidos por las autoridades colombianas.