El próximo 17 de septiembre prescribe el proceso que enfrentan 10 empresarios vinculados al caso Chiquita Brands como presuntos responsables de financiar grupos paramilitares en Colombia.
Es decir que, si de aquí a esa fecha no hay una decisión por parte de la justicia, este caso que lleva más de 20 años quedaría en la impunidad.
Así lo indicó la Fundación Forjando Futuros, que no solo entregó documentos claves para darle celeridad al proceso, sino que hizo un llamado a la justicia colombiana ya que, mientras por este caso hay dos decisiones tomadas por la justicia de Estados Unidos en contra de la empresa bananera, en el país aún no hay ninguna.
La entidad, que es representante judicial de víctimas del conflicto armado, radicó ante la Fiscalía 128 Delegada, ante Jueces Penales del Circuito Especializados, el Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Defensoría del Pueblo y el presidente de la República, entre otras autoridades, cinco documentos oficiales provenientes del proceso judicial contra la multinacional Chiquita Brands en Estados Unidos.
Representantes de víctimas de la empresa bananera Foto:Forjando Futuros
Gerardo Vega, abogado de la Fundación, informó que, con esta acción, se busca aportar pruebas para el avance de las investigaciones y al acceso a la justicia para las víctimas de los grupos paramilitares financiados por la empresa, especialmente en Urabá y el departamento de Magdalena.
LEA TAMBIÉN

Documentos claves
Indicó el abogado que entre la información enviada hay dos documentos vitales: uno es el acuerdo de culpabilidad, su aceptación y la sentencia emitida en 2007, mediante la cual Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber realizado más de 100 pagos ilegales, por un total de 1,7 millones de dólares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El otro, tiene que ver con la decisión del jurado y la sentencia proferida en 2024, en la que Chiquita Brands fue condenada a pagar 38 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de las Auc.
La bananera fue hallada responsable en Estados Unidos por pagos a paramilitares en Colombia. Foto:Earthrights
Vega aclaró que, aunque esta sentencia está en apelación, representa un antecedente importante sobre la responsabilidad empresarial en violaciones a los derechos humanos.
En el caso del Juzgado Sexto Penal, se radicaron estos documentos que prueban que los 10 empresarios vinculados a Chiquita Brands son responsables de la financiación a grupos paramilitares, proceso cuyo término de prescripción es el que vence el próximo 17 de septiembre.
“En la Fiscalía, se busca que los documentos se integren al proceso que involucra a 14 empresarios bananeros investigados por apoyar económicamente a las Auc en Urabá a través de la Convivir Papagayo. Y ante la JEP, específicamente en el Macrocaso 04 sobre la situación territorial de Urabá, se espera que estos insumos contribuyan al esclarecimiento de la verdad sobre el papel de actores económicos en el conflicto armado”, explicó el abogado.
Representantes de víctimas de la empresa bananera Foto:Forjando Futuros
EL TIEMPO tuvo acceso a estos documentos, en los que se revela que, durante más de seis años -desde 1997 hasta febrero de 2004, Chiquita Brands, a través de su filial colombiana CI Plátanos de Exportación, SA (Banadex), pagó dinero a un grupo violento denominado las Auc.
“La demandada Chiquita pagó a las Auc, directa o indirectamente, casi todos los meses, más de 100 pagos por un total de más de 1,7 millones de dólares (…) La demandada Chiquita continuó pagando a las Auc incluso después de que su abogado externo lo rechazara enfáticamente y recomendó repetidamente a la Compañía, a partir de finales de febrero de 2003, que suspendiera los pagos (…) La acusada Chiquita continuó pagando a las Auc después de que los funcionarios del Departamento de Justicia la amonestaron la Compañía, el 24 de abril de 2003, que los pagos eran ilegales y no podían continuar”, dice uno de los documentos.
LEA TAMBIÉN

En estos, además, la empresa bananera reportó estos pagos en sus libros y registros como ‘pagos de garantía’ o pagos por ‘servicios de seguridad’ a una ‘Convivir’ específicamente nombrado.
Esto, incluso después de que quedó claro para los altos cargos funcionarios y directores que ninguna ‘Convivir’ estaba proporcionando la empresa ningún servicio de seguridad en Colombia y que estas eran simplemente fachadas de una organización terrorista.
Empresarios vinculados
El abogado criticó, además, que este proceso no haya tenido la celeridad necesaria en el país, ya que comenzó en 2007 y aún no hay decisiones de fondo y tienen sin respuestas a más de 54.000 víctimas en la zona de Urabá, las cuales están reconocidas ante la JEP.
Además, indicó que los empresarios vinculados a este caso han sido exonerados dos veces: la primera por la Ley de Justicia y Paz y luego ante la JEP.
“Entonces nos dicen que a ellos los juzga la justicia ordinaria. Pues acabamos de leer que le proceso lleva 18 años y no ha pasado nada ¡18 años! Ni siquiera está en manos del Juez, no ha pasado a la etapa de juicio, sigue en investigación”, criticó Vega.
Los nombres de los empresarios procesados son:
- Charles Dennis Keiser
- Reinaldo Elías Escobar de La Hoz
- Javier Ochoa Velásquez
- Víctor Manuel Henriquez
- Jorge Alberto Cadavid
- José Luis Valverde
- Víctor Julio Buitrago
- Faud Alberto Gaicoman
- Álvaro Acevedo
- John Paul Olivo
“El caso con estos 10 empresarios es el que prescribe el 17 de septiembre. Si eso pasa el mensaje sería desastroso para las víctimas y para la justicia colombiana”, puntualizó el abogado.