El pasado 27 de mayo, la Procuraduría General de la Nación confirmó la decisión tomada en fallo de primera instancia en la que se determinó sancionar con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos para la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz.
La sanción de primera instancia fue emitida por el ministerio público el 31 de octubre de 2023. Dicha decisión se derivó de una serie de irregularidades halladas por esta entidad en el proceso contractual 4600085185 de Buen Comienzo.
Corrupción en contrato de Buen Comienzo
Según lo explicó la Procuraduría el 2 de mayo de 2023, cuando se formuló pliego de cargos contra Agudelo, la secretaria de Educación de la administración de Daniel Quintero fue vinculada al proceso “por presuntamente haber inobservado el principio de transparencia y el deber de selección objetiva en el proceso de contratación No. 4600085185 de 2020, en el cual se contrató de forma directa a la Corporación Colombia Avanza para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través de la modalidad Entorno Familiar del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín”.
Martha Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín. Foto:Archivo particular
En esa misma formulación el ministerio público señaló que: “De acuerdo con las pruebas recaudadas por el ente de control, la Secretaría de Educación de Medellín celebró contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la Corporación Colombia Avanza bajo contratación directa; sin embargo, dicha modalidad de selección escogida no se ajustaba al objeto, necesidad, líneas de trabajo y obligaciones específicas que debía cumplir el contratista, pues las condiciones establecidas desde la etapa precontractual imponían al contratante el deber de iniciar el proceso teniendo en cuenta otra modalidad de selección precedida de una convocatoria pública”.
Según lo anterior, el ministerio público consideró que Agudelo permitió que el proceso de este contrato se realizara bajo contratación directa cuando lo establecido en el convenio no correspondía a esta modalidad, sino a un proceso de licitación pública que contara con varios oferentes postulados.
En ese sentido, la Procuraduría determinó que Agudelo había incurrido en una falta gravísima que consistió en participar en la etapa precontractual y/o contractual de dicho proceso, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal.
La defensa de Agudelo apeló la decisión de primera instancia emitida en octubre de 2023 con la que se le había sancionado por ocho años de inhabilidad pública. El apoderado de la exsecretaria de Educación argumentó que Agudelo no asistía a todos los comités organizados para el proceso contractual y que realmente eran los miembros del área jurídica de la secretaría de Educación quienes habrían tomado las decisiones relativas al proceso. Sin embargo, testimonios de personas del equipo de Agudelo, recabados por la Procuraduría, demostraron lo contrario.
Fallo de segunda instancia de la Procuraduría en contra de Martha Alexandra Agudelo. Foto:EL TIEMPO.
Proceso con la Fiscalía y contratación en el Cesar
Por este mismo proceso de contratación, la Fiscalía General de la Nación ha señalado a Agudelo por hechos de corrupción y la tiene vinculada a un proceso judicial, junto a los contratistas de Colombia Avanza, para responder por un detrimento de más de 2.300 millones de pesos que este contrato le causó a la ciudad de Medellín.
Precisamente por el proceso con la Fiscalía, Agudelo renunció a su cargo en febrero de 2023, luego de afianzarse como la jefa de cartera más longeva de la administración Quintero. La entonces secretaria de Educación dio un paso a un costado para evitar una medida de aseguramiento domiciliaria que se le impuso tras ser imputada por corrupción por la Fiscalía.
Fragmento de la auditoría fiscal al contrato 4600085185 de 2020 realizada por la Contraloría. Foto:EL TIEMPO.
El ente acusador argumentó que durante el contrato se presentaron irregularidades como sobrestimación del presupuesto, contratación irregular de personal y pago de gastos no justificados.
Cabe recalcar que, a pesar de que la Procuraduría falló en contra de Agudelo en octubre de 2023, la apelación presentada por su defensa abrió un vacío legal que le permitió seguir contratando con el sector público.
Sin embargo, las vinculaciones de Agudelo no se dieron en Medellín, sino en el Cesar, donde Martha Alexandra Agudelo firmó por lo menos cinco contratos por un valor de 59 millones de pesos entre el 2 de mayo de 2024 y el pasado mes de febrero.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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