En noviembre del 2023 la Fiscalía General de la Nación dio a conocer cuatro casos de presunta corrupción dentro de la Alcaldía de Medellín, que involucraban a particulares y entonces funcionarios de la administración de Daniel Quintero.
En un primer momento, el ente acusador solicitó imputación en contra de siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y seis particulares por presuntas irregularidades en contratación.
Estas irregularidades se dieron en entidades como Metroparques, el Inder, Buen Comienzo y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Sin embargo, con el pasar de las investigaciones y audiencias, la lista ya va en unas 20 personas entre exfuncionarios y excontratistas.
Parque de las aguas, uno de los casos
En total, indicó la Fiscalía en su momento, son seis los contratos presuntamente irregulares, los cuales superan los 67.586 millones de pesos.
Uno de estos tiene que ver con el mantenimiento al Parque de las Aguas, en el que la Fiscalía identificó varias anomalías en tres contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques entre mayo de 2020 y noviembre de 2021.
!Los contratos ascendieron en valor a 17.439 millones de pesos. La Fiscalía estableció que Metroparques subcontrató con tres empresas que fueron creadas entre 2019 y 2021, una de estas dedicada a la comercialización de telas”, informó el ente acusador.
En este proceso inicialmente fueron vinculados el representante del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada García; los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda; y los representantes legales de las empresas contratistas Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galindez Chilito y Fabio Miguel Mestre Espitia.
A estos se les imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Posteriormente, en octubre del 2024 fueron imputados los exfuncionarios Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras; Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, exsecretario general; y César Augusto Chavarría Múnera, ex jefe de logística de eventos.
Además de los particulares Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de la empresa constructora; y Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques y con funciones de supervisión del contrato.
Finalmente, a comienzos del 2025 se conocieron nuevas imputaciones por este caso. Esta vez a Lilibeth Lorena Pino Jaramillo, Luz Eliana Henao, Mauricio Jaramillo y Henry Paulison Gómez.
Zonas verdes, otro caso
Informó la Fiscalía que en octubre de 2020, la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín suscribió un contrato con Metroparques por 5.250 millones de pesos, para el manejo de las zonas verdes de Medellín.
“Se constató que Metroparques, a través de invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutaría el contrato”, indicó la Fiscalía.
Por este caso se imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez.
Apoyo logístico
Este cuestionado contrato fue suscrito en septiembre de 2020 por intermedio de Metroparques “para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín”.
El contrato debía ser ejecutado en dos meses; pero habría recibido tres adiciones presupuestales que incrementaron su valor a 24.205 millones de pesos sumado a prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación, Diana Paola Toro Zuleta; el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; y el representante legal de la empresa contratante CYAN, Mauricio Jaramillo Botero.
Buen Comienzo
En marzo de 2020, la Secretaría de Educación de Medellín celebró un contrato con la corporación ‘Colombia Avanza’, por un valor total de 20.692 millones de pesos, para la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes del programa ‘Buen Comienzo’.
“Aquí se identificaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado servicios, que en realidad nunca se ejecutaron. Esto generó un posible detrimento por valor de 1.400 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
La exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz; la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil Zapata; y el contratista Henry Paulison Gómez Montoya fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación.
Estas personas también fueron imputadas finalizando noviembre del 2023 por el presunto delito de peculado por apropiación en favor de terceros en un contrato de atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del programa Buen Comienzo firmado en marzo de 2020.