Por tercer año consecutivo Antioquia presenta una importante reducción en las muertes violentas.
Con corte al 10 de diciembre de 2024, los hechos de sangre, con relación a 2023, pasaron de 1633 a 1558, una disminución de 75 casos, equivalente al 4,6 por ciento. Al comparar las cifras de 2024 con 2022 (1793 casos), la reducción llegó a los 235 casos.
Aunque lo que está pasando es alentador, pues menos vidas se han perdido, tres subregiones antioqueñas, ubicadas en un corredor que comunica el Golfo de Urabá, Catatumbo y Venezuela, viven una situación muy compleja por las confrontaciones armadas.
Se trata del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, territorios donde los Grupos Armados Organizados (Gao) vienen en costantes disputas que han causado muertes y desplazamientos masivos su paso.
Acciones violentas del ‘clan del Golfo’. Foto:AFP
De acuerdo con información recopilada por el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), en estas zonas las confrontaciones se dan entre Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘clan del Golfo’, Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las Farc que buscan el control de ese corredor.
Pablo Barrios, coordinador del Observatorio explica que además de conectar estas áreas, las confrontaciones buscan el dominio de zonas como la serranía del Perijá, serranía de San Lucas y el Nudo de Paramillo.
“Ese tránsito ha sido disputado para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas y para el tráfico de personas, y es donde se han concentrado los cultivos de uso ilícito”, comenta Barrios.
Estos últimos son los que abastecen el mercado del narcotráfico que, agrega el coordinador, se ha estado transformando, en términos internacionales, situación que ha sido aprovechado por los ilegales para expandirse en el mercado interno y es ahí donde nacen las disputas que hoy se tienen por el control de las plazas vicio en la ruralidad, fenómeno criminal que anteriormente no se veía.
“La producción de cocaína en este momento no es la misma de hace muchos años, es una producción mucho más baja, incluso con dificultades para la transacción en las zonas productoras, sobre todo en el Norte, en el Bajo Cauca, entonces eso también habla, digamos, de esos cambios en las dinámicas de la conflictividad en el departamento”, resalta el experto.
Precisamente en estas subregiones, que se comunican entre ellas, es donde, indican las cifras oficiales, se han presentado 506 de las muertes violentas del departamento, lo que representa el 32,5 por ciento del total.
El Eln está en conversaciones de paz con el Gobierno Nacional. Foto:Archivo El Tiempo
Aunque el porcentaje puede parecer pequeño, llama la atención que sean dos de ellas las que ocupen el primer y segundo lugar con tasa elevadas de homicidios de Antioquia.
Por un lado está el Nordeste que llegó a los 190 homicidios, con una tasa del 90,4 por ciento, seguida por la subregión del Bajo Cauca, con una cifra de homicidios de 170, alcanzando una tasa del 63,3 por ciento.
“Para la zona del Bajo Cauca ha habido además de la confrontación tradicional entre grupos armados, también ha había un incremento en la disputa de rentas en los cascos urbanos, digamos, más allá de disputarse el control territorial, también hay una disputa por controlar la actividad ilícita en casos urbanos: microtráfico y extorsión. En Nordeste y Norte ha habido mucha confrontación sobre todo para la zona de Amalfi y Anorí por la disputa de la actividad minera entre Agc y Eln”, comenta el coordinador.
En el municipio de Amalfi, perteneciente al Nordeste, las muertes violentas están disparadas y, con corte al 10 de diciembre, llegaron a los 35 casos, 22 hechos de violencia más que en el mismo periodo de 2023, con una variación de 169,2 por ciento.
¿Qué dicen los líderes?
Un líder de la Red Pluriétnica por la Defensa del Territorio y los Derechos Humanos del Bajo Cauca quien pidió reserva de su identidad por seguridad, contó que en el territorio hay una hegemonía marcada de las Agc, quienes han estado controlado la vida social y comunitaria mientras impiden el ingreso de otros grupos y tratan de avanzar hacia otras zonas en su ya conocido proceso de expansión.
Comenta que, en la zona de la serranía de San Lucas, donde hay 12 municipios alrededor, los grupos tienen sus fronteras invisibles, por lo que la población civil ha quedado en medio.
“Mucha gente emigra de esos territorios por ese conflicto, pero mucha gente tiene que quedarse porque no tienen de otra, porque lo que tienen está dentro del territorio, sus tierras, los bienes que han conseguido durante tiempo y sacrificio, entonces no es fácil dejar el territorio para ir a otro lado o cambiar de vida (…) su día a día, su idiosincrasia se ve cortada por la hegemonía de poder de estos grupos armados en los territorios”, cuenta el líder social.
El control que ejercen las Agc allí ha llegado al punto que, por ejemplo, desde hace un año ordenaron que el corte de madera quedaba suspendido, dejando en evidencia que toda actividad económica tiene que tener el visto bueno de ellos o no se realiza.
Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Foto:Getty Images
“Ellos en el último año pararon los cortes de madera aludiendo de que ellos están haciendo incidencia política, aprovechan lo que viene desde lo alto del Gobierno que es hacer una economía sostenible, por ejemplo, que la madera sea sostenible, que sea amigable con el medio ambiente, entonces ellos aprovechan eso y si la gente no se acoge a los planes que ellos tienen, entonces no se puede ejercer esa economía”, agrega el líder.
Desplazamientos en zonas de disputa
Los desplazamientos masivos que se han presentado en el departamento de Antioquia durante este 2024 demuestran las confrontaciones directas entre estos grupos armados en las subregiones.
En lo corrido del año, el Observatorio del IPC registró casos en El Bagre (Bajo Cauca), Cáceres (Bajo Cauca), Briceño (Norte), Anorí (Nordeste), Segovia (Nordeste) y Remedios (Nordeste), los mismos lugares donde la tasa de homicidios está elevada.
“Coinciden con los desplazamientos forzados y con el confinamiento que también es otro fenómeno que ha pasado este año”, concluye el coordinador Barrios.
Víctimas de desplazamiento forzado Foto:Unidad de Víctimas
Uno de esos desplazamientos masivos fue reportado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) en una Alerta por Situación Humanitaria publicada a mediados del pasado mes de septiembre.
En el documento que fue publicado por la organización se informó que desde el 25 de agosto se estuvieron presentando enfrentamientos constantes entre Grupos Armados No Estatales que generaron el confinamiento para aproximadamente 780 personas (250 familias) y el desplazamiento de 141 personas (42 familias).
“Estas personas se han movilizado hacia el casco urbano de El Bagre y hacia el corregimiento de Puerto López (El Bagre) donde se encuentran albergadas temporalmente en casas de familiares y conocidos. Además de esto, en esta zona se identifica un aumento en la contaminación con Minas Antipersonal (MAP) lo cual genera un mayor escenario de riesgo para la movilidad en los caminos veredales”, se lee en el reporte.
LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Periodista de Nación
Medellín
https://www.youtube.com/watch?v=<iframe%20width=”
title=”YouTube video player”
frameborder=”0″
allowfullscreen
width=”560″
height=”315″
>
