Comenzaron a darse a conocer reacciones después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunciara que intentará de nuevo sacara de adelante la iniciativa para establecer un impuesto para seguridad.
Conforme a los criterios de
Dicha sobretasa pretende gravar a los estratos 4, 5 y 6 a través de los servicios públicos de manera proporcional según su capacidad de consumo.
Explicó el mandatario departamental que se trata de una figura habilitada para todos los departamentos del país con la cual, se grava, precisamente la suscripción a un servicio público domiciliario, en el caso de Antioquia, la administración optó por la energía.
Comerciantes, en desacuerdo
Fenalco Antioquia se pronunció al respecto de esta iniciativa, que debe ser aprobada por la Asamblea Departamental, mostrándose en desacuerdo con la misma.
La directora ejecutiva de la entidad, María José Bernal Gaviria, expresó que est impuesto se convierte en una carga tributaria adicional a la que ya soportan los
No podemos, no aguantamos más impuestos desde las empresas, aquí ya es bastante difícil ser formal
“No podemos, no aguantamos más impuestos desde las empresas, aquí ya es bastante difícil ser formal. La invitación a flexibilizar y minimizar la carga tributaria que ya soportan las unidades productivas del departamento. Tampoco cabe la conversación en la que se contrapone seguridad versus más impuestos porque esa no debe ser la discusión”, manifestó Bernal.
Agregó la líder gremial que para el sector no es concebible aumentar los impuestos a las empresas, especialmente a través de los servicios públicos.
De igual forma, desde la federación hicieron un llamado a los diputados antioqueños a escuchar las inquietudes de los ciudadanos, empresarios y comerciantes.
“Además, a dialogar sobre este tema y buscar otras posibilidades con las cuales se obtengan los recursos necesarios para la seguridad del departamento”, agregó la directora ejecutiva de Fenalco.
De acuerdo con lo que se conoce de este proyecto de ordenanza radicado por la Administración Departamental, lo que se busca es establecer una tasa adicional al cobro de los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6, como para los comerciales, industriales y oficiales, con el fin de recaudar $1,2 billones en los próximos tres años para seguridad.
