El martes 5 de noviembre, el colectivo de pequeños y medianos mineros de Chocó inicio un paro indefinido a raíz de las necesidades de estas comunidades, en varias zonas de la región, apoyados por la Confederación Nacional de Mineros de Colombia.
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Personas de los municipios de Novita, Lloró, El Atrato, Tadó, Cértegui y Quibdó se sumaron a la protesta con la cual los mineros exigen la atención y voluntad política por parte del gobierno nacional de cara a las peticiones realizadas en torno a, entre otros, la desestigmatización de la minería ancestral, que ha sido erróneamente catalogada como criminal, y las comunidades negras.
Se recrudece el paro minero en el departamento del Chocó.
Convocamos debidamente para el día de hoy a sesión extraordinaria de la mesa minera como solicitud del pliego de la protesta, buscando acuerdos y rutas de abordaje frente a esta crisis.
Se ha solicitado de manera… pic.twitter.com/gA6FUp4elN— Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) November 6, 2024
En el pliego de peticiones presentado por los pequeños mineros, estos reclaman el establecimiento de un plan de formalización y regulación de su actividad que les asegure la integridad y preservación de sus unidades de producción minera.
Ariel Antonio Quinto Murillo, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó, aseguró que el gobierno nacional está incumpliendo lo establecido en la sentencia TSI-22, a través de la cual se nombró al río Atrato como sujeto de derecho.
“Esa sentencia trae ocho órdenes, entre las cuales destaca que antes de destruir maquinaría y recoger al pequeño minero, el Estado colombiano debe garantizar un plan de formalización que le permita formalizarse a quienes desarrollan esta actividad de manera ancestral y/o tradicional”, explicó Quinto Murillo.
El presidente de Fedemichocó también denunció que: “lo primero que hacen es destruir la maquinaria y no ofrecen ningún plan de atención para eso, a pesar de ser una orden consignada por el Consejo de Estado”.
Los líderes de estos colectivos alertaron que si no se establecen planes de formalización y regulación para la minería en la región podría provocar que las personas, en medio de las necesidades, migren del cultivo de coca a la explotación del oro, lo cual perpetuaría la ilegalidad en la zona.
El Chocó permanecerá en ilegalidad y esto no es justo para un territorio que lleva más de 400 años trabajando la minería
“El Chocó permanecerá en ilegalidad y esto no es justo para un territorio que lleva más de 400 años trabajando la minería”, señaló Ariel Antonio Quinto.
El pliego de peticiones de los mineros fue entregado al gobierno nacional el pasado 28 de octubre, y en él, entre otros, solicitan la creación de una mesa de diálogo con los actores del conflicto armado en la zona para lograr alcanzar acuerdos de paz sólidos que garanticen su labor, además, piden que los Consejos Comunitarios sean reconocidos como autoridades ambientales que tengan un papel activo en la regulación de sus actividades.
Los protestantes aseguraron que el paro no se levantará hasta que no logren acuerdos con los ministerios de Minas y Energía en torno a sus exigencias y el cumplimiento de las solicitudes que plantean para poder formalizar su oficio. Ayer, 7 de noviembre, tuvo lugar una primera reunión entre la comunidad y el ministerio de Energía.
Pasada la media noche del miércoles 7 de noviembre, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi anunció a través de su cuenta de X que se suspendía una primera etapa de negociaciones tras 17 horas de trabajo initerrumpido.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
