La Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, emitió medidas cautelares colectivas para proteger a las comunidades campesinas de la región de Tulapas.
Conforme a los criterios de
Conformada por 58 veredas de los municipios antioqueños de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá fue epicentro de despojos de tierras y desplazamientos forzados en el marco del conflicto armado.
Entre las órdenes anunciadas está la prohibición a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) de hacer uso de la tierra en proyectos forestales. Asimismo, le solicitó a la empresa suspender temporalmente los contratos que suscribió con el Fondo Ganadero de Córdoba o su liquidador.
La decisión se toma después de documentar que estas comunidades no han obtenido reparación integral, no han accedido de manera definitiva a la restitución de sus predios y corren el riesgo de no acceder a ellos como consecuencia del desarrollo de proyectos que se realizan en la zona.
Municipio de Turbo
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Dice la JEP que existe información en la Jurisdicción Penal Ordinaria y en las jurisdicciones especializadas en restitución de tierras y Justicia y Paz, que evidencia que en esta región ocurrió un despojo material y jurídico masivo que afectó a por lo menos 130 familias campesinas, conformadas por más de 4.000 personas, que debieron abandonar sus hogares.
“La violencia ejercida contra esta población antioqueña tenía el objetivo de consolidar una estrategia militar, económica, política y social en esa región. Esta situación persiste, según la documentación de la Sala de Reconocimiento de la JEP en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial de Urabá”, señala a jurisdicción.
Las amenazas, los despojos y la expulsión de los pobladores de Tulapas han tenido consecuencias graves para las comunidades campesinas, como la ruptura de sus proyectos de vida y de sus vínculos territoriales, comunitarios, culturales y sociales.
Paramilitares.
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Adicionalmente, la Jurisdicción ha identificado que las víctimas y comunidades que adelantan procesos de restitución de tierras en la zona enfrentan riesgos graves y diferenciados como consecuencia de estas situaciones.
Con estas medidas cautelares, la JEP convoca y requiere a diferentes entidades del Estado a nivel nacional, departamental, regional y municipal para su articulación con el fin de conservar el status quo y evitar daños irreparables a las personas, comunidades campesinas y al territorio de esta zona de Antioquia.
